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Luego de conocerse el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre los hechos de 2019, el Procurador del Estado, Wilfredo Chávez, informó que está pidiendo a la Fiscalía General que se acelere la presentación de la proposición acusatoria contra Jeanine Añez por los casos Senkata y Sacaba, pero además llamó a que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) apruebe el proceso “sin condiciones”.

Respecto al informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, señaló que durante el periodo de Jeanine Añez hubo una participación activa del gobierno en la violación de derechos humanos, en cambio en el mandato de Evo Morales las vulneraciones fueron por inacción de la Policía o uso excesivo de gases lacrimógenos.   

El Comité Cívico Pro Santa Cruz solicitará mediante una carta una audiencia con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para darle a conocer la participación que tuvo durante la crisis de 2019 en el país, anunció el presidente cívico, Rómulo Calvo.

“Invitamos al GIEI que nos visite y conozca de primera mano cual es la lucha del pueblo cruceño y del pueblo boliviano. Todos sabemos que la génesis de este problema fue la violación de la voluntad popular del 21F”, afirmó.

La bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara de Diputados conminó a los frentes opositores de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos a que se puedan sumar en el proceso de fiscalización de las investigaciones a los hechos de violencia suscitados en 2019.

La jefa de bancada nacional del MAS, Estefanía Morales, cuestionó el comunicado emitido ayer de las fuerzas opositoras junto al Comité Nacional en Defensa de la Democracia (Conade) donde responsabilizaron de la crisis en el país al expresidente Evo Morales.

(Nota de prensa Fiscalía)

El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, sostuvo hoy una reunión con la representación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes entregaron de forma oficial el informe final sobre los hechos de violencia registrados entre septiembre y diciembre de 2019 en Bolivia, en ese encuentro, la autoridad garantizó que se trabajará para que los casos no queden en la impunidad y que se haga justicia. 

Eduardo Peinado, exviceministro de la Mediana, Gran Empresa e Industria de la gestión de Evo Morales, fue rescatado por autoridades chilenas en un sector desierto del norte de ese país y, además, pidió asilo alegando que es perseguido.

La delegada presidencial de El Loa, María Bernarda Jopia, señaló que el boliviano fue rescatado el lunes desde el sector del Volcán Licancabur, en San Pedro de Atacama.

Una nueva salida de la cárcel para exámenes médicos aumentó la controversia respecto a la salud de Jeanine Añez. La exmandataria fue llevada al Hospital del Norte para una tomografía, sin embargo, su defensa y familia denunciaron atropellos y tortura física y psicológica.

Los alcaldes de El Alto, Eva Copa, de La Paz, Iván Arias, entablaron este martes su primera reunión donde abordaron una serie de temas como salud, desayuno escolar, conflicto con loteadores y conformaron comisiones de trabajo para definir los límites entre ambos municipios.  

Otro de los temas de la reunión fue el de salud, especialmente sobre una resolución ministerial que señala que todos los médicos y personal de salud de primer nivel lo deban asumir los gobiernos municipales.

La delegación de la Unión Europea (UE) en Bolivia exhortó este miércoles a que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sirva para lograr la reconciliación en Bolivia.

“El informe GIEI puede y debe ser una herramienta más para lograr la reconciliación de Bolivia. La UE reitera su apoyo a toda iniciativa que contribuya a la convivencia pacífica y al diálogo entre los bolivianos”, dice un pronunciamiento del ente.  

La Fiscalía, en reunión con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) que analizó las investigaciones sobre los hechos de 2019, argumentó que la falta de solvencia en algunos casos se debió a la pandemia y que autoridades del gobierno anterior eran reticentes a brindar información y hasta presionaban a víctimas para que tampoco brinden datos al Ministerio Público.