Sección

Reunidos en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, los cívicos del país convocaron para el 11 de enero a marchas de protestas en Bolivia y posteriormente a movilizaciones escalonadas por la liberación de los presos como el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho.

Entre los puntos acordados se declararon en estado movilizado y emergencia ciudadana ante la presunta “persecución política” que atraviesan los líderes de oposición que participaron en los hecho de octubre de 2019.

El vocero presidencial Jorge Richter advirtió que de parte de un pequeño grupo, ubicado alrededor del civismo cruceño y la Gobernación, se promueve un conjunto de exacerbaciones y de incitaciones al odio, en una lógica neofascista para confrontar a la sociedad.

Fuente: EUROPA PRESS

Las organizaciones sociales, federaciones y sindicatos peruanos han reanudado este miércoles las manifestaciones para pedir a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, la celebración de nuevas elecciones y el cierre del Congreso.

Los manifestantes han conseguido bloquear un tramo de la carretera Interoceánica en la zona de Challhuanca, provincia de Aymaraes, mientras que también se han registrado enfrentamientos en otro tramo de carretera a la salida de Arequipa.

Fuente: AFP

La ONG Amnistía Internacional expresó su deseo de que el atacante portugués Cristiano Ronaldo, que a sus 37 años acaba de unirse con un lucraRtivo contrato al club saudita Al Nassr, utilice su estatus de estrella del fútbol para pronunciarse sobre las cuestiones relacionadas con los derechos humanos en Arabia Saudita.

En medio de las protestas que se desarrollan en el sur peruano, la presidenta Dina Boluarte acusó a Evo Morales de intervenir en cuestiones internas del Perú e incluso reveló que se está evaluando una reacción con el servicio de Migraciones respecto al ingreso del exmandatario boliviano a ese país.  

“Me pronuncié respecto de esta intervención totalmente fuera de contexto nacional del señor Evo Morales”, recordó Boluarte en entrevista con PBO, consultada sobre el rol del exmandatario en las protestas en Perú. 

El Comité pro Santa Cruz se declaró en estado movilizado de emergencia ciudadana, ante lo que consideró un accionar “brutal”, “abusivo, racista, vandálico y criminal” de parte de la Policía. 

El pronunciamiento del Comité surge después de una  semana de movilizaciones y enfrentamiento, que se desataron en la capital oriental por la detención del gobernador Luis Fernando Camacho.

El Gobierno aseguró este miércoles la provisión de carne de res proveniente del Beni y el norte de La Paz ante un eventual desabastecimiento por parte de los sectores del empresariado de Santa Cruz que anunció la dirigencia cívica cruceña.

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales, informó que los productores ganaderos de esas regiones garantizaron el abastecimiento para todo el país, incluso más de lo que habitualmente se trae desde Santa Cruz.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó este miércoles que la sentencia del exministro de Gobierno boliviano, Arturo Murillo, es de 70 meses (equivalentes a 5 años y 10 meses) en prisión por haber cometido lavado de dinero que recibió de sobornos.

La información emanada de EEUU contrasta con la ofrecida por el procurador Wilfredo Chávez, quien indicó que la condena de Murillo era de siete años.

Fátima Jordán, esposa de Luis Fernando Camacho, ingresó este miércoles por la tarde al penal de Chonchocoro, donde se le permitirá pernoctar junto a su cónyuge para acompañarlo, informó el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias.

Régimen Penitenciario ya había adelantado que se permitiría a un familiar de Camacho quedarse a acompañar al privado de libertad, tomando en cuenta las recomendaciones de una junta médica.

Un grupo de legisladores de la opositora Creemos presentaron ante la Asamblea Legislativa Plurinacional una solicitud de Interpelación al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, por el excesivo uso de la fuerza durante la represión a la movilizaciones en la capital cruceña de pasados días.  

Según el documento, presentado este miércoles, se pide que la autoridad de Estado explique el “desproporcional” uso de la fuerza policial en el ejercicio del derecho a la protesta por parte de la ciudadanía en Santa Cruz de la Sierra desde el 28 de diciembre de 2022.