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Fuente: AFP

La Corte Penal Internacional (CPI) abrirá una oficina en Venezuela en el marco de una investigación por crímenes de lesa humanidad en manifestaciones contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

"Las partes han acordado (...) que mi fiscalía, la fiscalía de la CPI, podrá abrir una oficina aquí en Caracas. Es un paso muy importante, muy significativo", dijo este jueves, sin fijar plazos, el fiscal de ese organismo, Karim Khan, en una declaración conjunta con Maduro. "No es algo de cara a la galería".

Fuente: AFP

Naciones Unidas lanzó este jueves un grupo de trabajo para presionar a las empresas a mantener sus promesas de reducción de emisiones.

El grupo de expertos de 16 miembros elaborará estándares para medir la credibilidad de las afirmaciones de grupos no estatales, incluidas ciudades y empresas, de que están reduciendo las emisiones de carbono que provocan un cambio climático devastador.

Este viernes 1 de abril se darán inicio a los alegatos orales del litigio por el Silala ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con sede en La Haya. Esta última fase del proceso se extenderá hasta el 14 del mismo mes.

El equipo jurídico de Chile será el primero en su intervención a las 09.00 (hora boliviana) en el Palacio de la Paz. Desde un comienzo del proceso, el vecino país considera que el Silala es un río de curso internacional mientras que Bolivia asegura que es un manantial que fue desviado de manera artificial.  

A un día de concluir la fase de recepción de postulaciones para la Defensoría del Pueblo, hasta el momento se registraron 65 aspirantes en la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral.

El presidente de esta instancia legislativa, senador Rubén Gutiérrez, informó que este viernes cierra esta primera etapa y los legisladores que integran la comisión instalarán una sesión en el Palacio de la Revolución por tiempo y materia.

De los 65 registrados hasta este jueves, 48 son varones y 17 mujeres.

El director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, afirmó que la autoidentificación cultural de la personas, de la boleta censal, de noviembre próximo, será analizado por  el Ministerio de Culturas y el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.

La autoridad participó este miércoles de la socialización en la ciudad de La Paz del próximo Censo de Población y Vivienda. En el lugar recibió consultas sobre las opciones de autoidentificación que se podrían incluir en el Censo.  

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres, reveló que el Órgano Judicial ha tenido que devolver al Estado entre 20 a 30 millones de bolivianos de presupuesto no ejecutado, porque no se tuvo la capacidad de llevar adelante convocatorias y llenar las acefalías de jueces, vocales y funcionarios.       

La campaña “ACTÚA, detén la violencia” presenta la herramienta transmedia Mi Historia es como la Tuya,  ideada por activistas de 15 a 25 años, creada con el objetivo de prevenir y luchar contra la violencia machista desde soportes creativos difundidos en diferentes plataformas sociales y que ahora se unen en un sitio web.  

UNITAS

La Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa decidió avalar a una entidad paralela de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) para ser veedora de proceso de selección del nuevo defensor del pueblo. Para el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS, esta acción “busca deslegitimar el trabajo” que realizó la Asamblea presidida por Amparo Carvajal. 

El fiscal de iniciales K.D., de la unidad de delitos patrimoniales del Ministerio Público de La Paz, fue aprehendido este jueves tras ser denunciado por pedir un soborno a cambio direccionar un proceso penal que estaba a su cargo.

La información fue proporcionada por el fiscal departamental, William Alave, quien indicó que el funcionario habría pedido 1.000 dólares a cambio de emitir una resolución.

Si bien se preveía realizar la Cumbre de Justicia en marzo, el ministro de Justicia, Iván Lima, manifestó que no se podrá realizar en este plazo, toda vez que se requiere la participación de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, además de juristas, organizaciones sociales y actores interesados.