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Tras conocerse el informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que habla de masacres en Bolivia, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, calificó el reporte del organismo internacional como “totalmente sesgado”, “vergonzoso” y que favorece al “narcoterrorismo”.

“Nos parece uniforme totalmente sesgado, un informe que no refleja la realidad, informe que está favoreciendo solamente al narcoterrorismo, no está favoreciendo al pueblo de Bolivia”, dijo Murillo.

El ingeniero Édgar Villegas, conocido por su trabajo en la identificación del fraude electoral, aparece entre los inhabilitados en el proceso de selección de vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

En la lista difundida por la Comisión Mixta de Constitución, Villegas aparece inhabilitado por no cumplir el requisito número 3.

El consejo consultivo del comité cívico potosinista (Comcipo) resolvió postular a su presidente Marco Antonio Pumari, quien sin embargo no aceptó a la primera propuesta porque cree necesario buscar  un consenso nacional para lanzar una posible candidatura a la presidencia o vicepresidencia.

El ingeniero informático Edgar Villegas Alvarado que alcanzó visibilidad nacional e internacional por haber dado pistas del fraude electoral cometido el pasado 20 de octubre en las elecciones generales, inscribió su nombre como postulante al cargo de vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Villegas junto a equipo de ingenieros de la Universidad Mayor de San Andrés, fue el primero en indicar que desde las plataformas informáticas del TSE, se modificaron resultados en favor del MAS y en desmedro del candidato Carlos Mesa quien fue el principal afectado por el fraude.

Veintiocho días después de alzar como trofeo la renuncia de Evo Morales, aquel 10 de noviembre, y tres días después pisar los balcones de Palacio de Gobierno junto a la presidenta de transición Jeanine Añez, los líderes cívicos Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, acaban el idilio del binomio presidencial y toman caminos diferentes.

La presidenta de transición Jeanine Áñez y el expresidente cívico de Sanata Cruz Luis Fernando Camacho fueron denunciados por terrorismo de Estado y delitos de lesa humanidad ante la jueza María Romilda Servini a cargo del Juzgado Federal N° 1 de Buenos Aires.

Los denunciantes Daniel Segovia del consejo de política indígena de Argentina y Víctor Gutiérrez, diputado nacional opositor, con el patrocinio del abogado Pastor Barragán, solicitaron la detención y extradición para que sean juzgados por los crímenes contra argentinos y bolivianos con documentación argentina.

El delegado presidencial de Bolivia ante la comunidad internacional Jorge Tuto Quiroga, advirtió este sábado al próximo presidente de la Argentina Alberto Fernández que Evo Morales será un “invitado tóxico” y le dio a escoger si quiere ese camino o desarrollar una relación con el  mundo democrático.

De esa manera se refirió al anuncio aún extraoficial en sentido que Morales, tras dejar México y concluir su visita a Cuba, iría a la ciudad de Buenos Aires a fijar residencia en ese país sudamericano.

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien tiene asilo en México, viajó la mañana de este viernes hacia Cuba. El motivo del viaje de carácter temporal sería una consulta médica.

“Con respecto a la información que circula sobre Evo Morales, precisamos que el día de hoy el Sr. Morales viajó por la mañana rumbo a Cuba. Según nos informó, se trata de un viaje temporal”, confirmó mediante Twitter Roberto Velasco, encargado de Comunicación de la Cancillería de México.

El diputado mexicano Gerardo Fernández Noroña, de tendencia de izquierda, solicitó por escrito a sus colegas de alianza que aporten a 500 pesos (unos 25 dólares al mes) para apoyar a Evo Morales.

“No voy a promulgar la ley”. Así la presidenta interina Jeanine Añez ratificó este viernes su rechazo a la Ley de Garantías que el MAS pretende sancionar en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El Movimiento al Socialismo ya aprobó la norma en la Cámara de Diputados y ahora deberá ser tratada en el Senado para su sanción.

Dicha Ley levantó polémica, porque los críticos al MAS consideran que dará impunidad a responsables de acciones violentas en el conflicto postelectoral.