Seguridad

El Ministerio Público activó este viernes el proceso para la extradición del exministro de Gobierno Arturo Murillo quien se encuentra detenido en Estados Unidos por un pago de sobornos y lavado de dinero en la compra de material antimotín con presunto sobreprecio.

El memorial, firmado por la comisión de fiscales, se encuentra dirigido al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Tercero de La Paz, instancia donde se trata el caso.

En audiencia de medidas cautelares, desarrollada la noche de este viernes, se dispuso la detención preventiva del excuñado del exministro de Gobierno Arturo Murillo, Daniel Aliss y de su exedecán capitán de Policía Daniel Bellot, dentro de la investigación por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.

El Juzgado Tercero Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer determinó que Aliss deba estar recluido en la cárcel de El Abra de la ciudad de Cochabamba por cinco meses, mientras que en el caso del uniformado, en el penal de San Pedro de la ciudad de La Paz por cuatro meses.

El exministro de Defensa Luis Fernando López se encuentra en Brasil, confirmó el fiscal departamental de La Paz, William Alave quien anunció que se activarán los mecanismos para que pueda comparecer en Bolivia por el caso gases lacrimógenos. Por este mismo hay otros dos aprehendidos.

La Fiscalía citó a la expresidenta Jeanine Añez a nuevamente declarar en el caso de supuesto “golpe de Estado” este lunes 31 de mayo en la cárcel de Miraflores y, por otros casos, presentó tres proposiciones acusatorias ante el Tribunal Supremo de Justicia contra la exmandataria para juicio de responsabilidades.

El Juzgado 5° de Instrucción en lo Penal de la ciudad de El Alto dictó sentencia ejecutoriada de 30 años de cárcel en el penal de San Pedro sin derecho a indulto para el taxista identificado como Domingo Hugo Alanoca Valda de 30 años de edad, por el delito de feminicidio contra Esperanza CH.M. de 40 años.

La Fiscalía sigue adelante otro proceso contra la expresentadora de televisión Melisa Ibarra. En este caso está denunciada, junta a otras activistas del 21F, por delitos de instigación pública a delinquir y otros tipos penales.

Ibarra ya tiene orden de aprehensión en su contra en un caso de complicidad en ejercicio indebido de la profesión y asociación delictuosa, porque se detectó que su vehículo se usaba en presuntos actos de extorsión de personas con vestimentas del GACIP durante la pandemia.

Este viernes en el Tribunal Disciplinario Policial  se determinó diferir por segunda vez el comienzo del juicio contra el suboficial de iniciales J.C., quien es el primer acusado en el departamento de La Paz por el caso motín de 2019.

El comienzo del juicio debía ser el 27 de abril, pero se suspendió hasta este 28 de mayo, debido a que los ambientes del tribunal policial eran pequeños para la cantidad de personas que estarían presentes.

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó este viernes que se está siguiendo dos conductos para solicitar la extradición del exministro Arturo Murillo a Bolivia, después de que fue detenido en Estados Unidos acusado de participar en un esquema de soborno y lavado de dinero.

Señaló que uno de los caminos es solicitar la extradición a través de la Interpol, mientras que el otro es la cooperación entre ambos Estados.

A solicitud del Ministerio de Gobierno, la Fiscalía determinó ampliar los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las Leyes e incumplimiento de deberes en contra de siete exjefes militares y policiales implicados en la denuncia por el presunto “golpe” de Estado de 2019.

De acuerdo con la resolución, a la que tuvo acceso ERBOL, se señala la determinación emitida ante el Juzgado Décimo de Instrucción en lo Penal Cautelar donde se ventila el caso y que tiene como principal investigado el excívico y actual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

El exdirector general de Migración, Marcel Rivas, enfrenta un nuevo por proceso, en el cual se le acusa por alertas migratorias presuntamente “ilegales” emitidas como parte de una "persecución política" contra 445 personas. En una audiencia cautelar, se dispuso que deba estar recluido por otros cinco meses más en la cárcel de San Pedro.