Seguridad

La Policía logró la captura de un hombre de 62 años acusado de cometer agresión sexual contra una adolescente en la ciudad de La Paz, pero también se capturó a la madre de la víctima, quien era cómplice y habría “vendido” a la menor.

La información fue proporcionada por el coronel Jhonny Vega, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), quien indicó que el sujeto fue capturado en la plaza Murillo y la mujer en la avenida Buenos Aires.

Al menos ocho heridos, varios de ellos por disparos de armas de fuego, es el saldo que dejó este martes el enfrentamiento entre comunarios y mineros cooperativistas en el municipio de Apolo del norte paceño. 

El conflicto surgió entre la comunidad Correo con la comunidad Unión Pauje, informó la subgobernadora de la provincia Franz Tamayo de La Paz, Genoveva Espinoza.

“La Policía Boliviana no arma ningún caso, no tiene porqué hacerlo, lo que hace es descubrirlo”. Así el comandante general Jhonny Aguilera, respondió al diputado del MAS, Renán Cabezas, quien cuestionó el accionar policial respecto a un proceso registrado en El Alto.

En días pasados, el diputado Cabezas informó que había recibido la denuncia de una familia alteña dedicada a alquilar equipos de música, en sentido de que la Policía le habría “armado” un caso para generar extorsión y encarcelamiento.

La periodista de un medio televisivo, Wendy Roca, denunció que recibe llamadas y mensajes de un hombre que la amenaza con atentar contra su vida si continúa investigando casos de feminicidio. La Defensoría del Pueblo abrió una investigación para dar seguimiento al caso.

Mediante sus redes sociales, hizo conocer el caso y afirmó temer por su vida y la de su familia. La denuncia fue formalizada ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia  (FELCV) de la capital cruceña.

El Tribunal de Sentencia Penal 1ro de Tarija dictó sentencia de 22 años de presidio en la cárcel de Morros Blancos a Javier L.A. acusado por la violación cometida en contra de su hijastra de nueve años de edad.

De acuerdo con la investigación, fueron “constantes” las agresiones desde 2006 hasta 2013, sin embargo, el hecho fue denunciado recién el 29 de agosto de 2021 cuando la víctima decidió romper el silencio y denunciar a su agresor, señala un boletín de prensa.

Dos ciudadanas bolivianas fueron detenidas en Argentina, tras constatarse que intentaban traficar cocaína al interior de sus organismos, puesto que cada una había ingerido a 98 cápsulas con la droga.

Las mujeres viajaban en un ómnibus desde Jujuy hacia Mendoza. Las bolivianas fueron detectadas por su evidente estado de nerviosismo, puesto que respondían de manera evasiva y contradictoria en el control, informó la Gendarmería de Argentina.

La Policía y la Intendencia municipal intervinieron un “cementerio de elefantes” ubicado en la zona Max Paredes de la ciudad de La Paz y se arrestó a unas 20 personas que se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas.

Desde la Intendencia Municipal, informaron que el dueño del local es una persona reincidente debido a que anteriormente se le clausuró otro establecimiento que no contaba con la documentación respectiva para su funcionamiento.

La organización internacional de defensa de los derechos humanos, Human Rights Watch, exhortó a que el presidente Luis Arce acabe en Bolivia con la práctica de exhibir a detenidos como si fuesen “trofeo”, debido a que vulnera la presunción de inocencia.

La posición fue expresada por el investigador de HRW, César Muñoz, quien mediante redes sociales comentó las declaraciones del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, quien aseguró que seguiría mostrando a los detenidos.

El exrector de la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí, Roberto Bohórquez, debe declarar en calidad de denunciado ante la Fiscalía de La Paz este jueves 2 de junio, en el caso de pago de salarios irregulares a Max Mendoza.

La información fue proporcionada por el coronel Rolando Rojas, director de la fuerza anticrimen de La Paz, quien indicó que la declaración está fijada para las nueve de la mañana.

El Ministerio Público amplió la acusación formal en contra de Mario S.S. y Ayda R.L.T. por presuntamente haber participado junto a integrantes de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), en calidad de cómplices, en los destrozos de 2020 en el inmueble de la Fiscalía General del Estado. Con los dos nuevos procesados, ya suman seis los procesados en el mismo caso.