Una maestra de 66 años, con 35 años de servicio en el sistema educativo y sin antecedentes por maltrato a estudiantes, enfrenta ahora un proceso penal. La denuncia fue impulsada por una madre de familia de una unidad educativa de la ciudad de La Paz, quien presuntamente utilizaría a sus hijos para acusar a docentes y luego buscar “acuerdos económicos”, denunció el abogado de la profesora ahora imputada, Abel Loma.
Dos exfuncionarios de la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda) fueron enviados a prisión tras ser hallados culpables de manipular datos y propuestas económicas en un proceso de contratación en la gestión del Movimiento Al Socialismo (MAS), con el fin de favorecer a una empresa constructora en Cochabamba.
Un juez dispuso libertad con fianza de Bs10.000 y otras medidas restrictivas para el representante legal de la empresa Makiber, Fernando M. R., imputado por el delito de contratos lesivos al Estado e incumplimiento de contrato por la construcción Instituto Gastroenterológico en la ciudad de La Paz.
Además de la fianza, el imputado tiene arraigo, la prohibición de acercarse a determinados lugares como el Ministerio de Salud, además de que debe presentarse de manera periódica ante el Ministerio Público, informó el fiscal Wilson Medrano.
Un adolescente de 15 años es investigado por herir con un arma punzocortante a su profesor durante una entrevista sobre su rendimiento académico, realizada junto a sus padres en una unidad educativa de Oruro.
“Cuando le toca el turno a este adolescente, habría reaccionado de manera violenta y procedido a dar dos golpes con el arma punzocortante a la altura del hombro izquierdo”, informó el fiscal Fernando Antezana, de acuerdo con el reporte de Radio Pío XII de la red ERBOL.
Dos profesores, un de música y otro de inglés, fueron aprehendidos por parte de la Policía, después de que fueron denunciados de haber cometido un delito de orden sexual contra una estudiante de 16 años de edad en la ciudad de El Alto.
La denuncia fue presentada por la madre de la víctima y los hechos sucedieron entre los meses de octubre y noviembre de la gestión 2025, informó el director de la FELCV, coronel Ricardo Terrazas.
La unidad de control y fiscalización del Consejo de la Magistratura ya ha intervenido sobre el caso del juez Ángel R.S., quien fue encontrado en una fiesta junto con una mujer condenada por asesinato y con sentencia pendiente de cumplimiento.
La información fue proporcionada por la consejera Gabriela Araoz, quien indicó que la denuncia será puesta a conocimiento de un juez disciplinario para seguir con el proceso.
En su momento ofrecido como un proyecto moderno y de alto impacto para la salud, la construcción del Instituto Gastroenterológico de Cuarto Nivel en Salud en La Paz ha terminado en un proceso penal, en el cual se han descubierto no sólo irregularidades en contratos, sino también que el terreno no era apto, generando un daño económico de más de 700 millones de bolivianos.
El ministro de Defensa, Marcelo Salinas, informó que el proceso de indemnización por los daños derivados del accidente aéreo en El Alto está en marcha y que la responsabilidad recae en la compañía de seguros. Aseguró que el Estado no está asumiendo costos por este concepto.
“No ha habido persona que no haya sido atendida en el reclamo del seguro. (...) Existe el compromiso serio y escrito de la compañía de seguros de resarcir el daño. El Estado boliviano no está gastando ni un solo centavo”, afirmó la autoridad, al explicar el mecanismo de cobertura aplicado en el caso.
Dos robos de alto impacto económico vinculados a la comercialización de oro fueron registrados en la ciudad de La Paz. Uno es de 2 millones de bolivianos y el otro asciende a 5 millones sustraídos, informó el jefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Henry Pinto.
En el primer hecho, se reportó la sustracción de más de 2 millones de bolivianos a dos personas que pretendían comprar oro. Según el reporte policial, las víctimas fueron contactadas a través de redes sociales a través de un intermedio quien les generó confianza para concretar el negocio.
Un operativo antidroga ejecutado en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) permitió la intervención de una avioneta y la incautación de 540 kilos de clorhidrato de cocaína, informó este el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano.
La operación, denominada “Lagarto III”, fue el resultado de tareas de inteligencia que incluyeron sobrevuelos para identificar pistas clandestinas utilizadas por organizaciones criminales.