El Ministerio de Gobierno, mediante un comunicado, desmintió que exista “tortura psicológica” en contra del expresidente Luis Arce Catacora, actualmente recluido en el recinto penitenciario de San Pedro, sin embargo, anunció que se realizará una verificación para esclarecer los hechos.
Una disputa en un local nocturno por la plaza Alonzo de Mendoza de La Paz derivó en un hecho de sangre. Un sujeto terminó sacando un arma de fuego y asesinando a uno de los encargados de seguridad, quien era de nacionalidad venezolana.
Ocurrió la madrugada del domingo. Según el reporte policial, el autor de crimen había ido al local nocturno a denunciar que una mujer le había robado dinero, pero los guardias de seguridad le impidieron ingresar.
En ese momento, el hombre sacó su arma de fuego y apuntó a los guardias, antes de darse a la fuga.
El presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer, advirtió que Derechos Reales no debería pasar a un “ente político”, en medio del debate sobre un proyecto que plantea transferir su administración al Ejecutivo.
“No puede pasar esta administración de Derechos Reales a un ente político en la cual no esté con esa seguridad jurídica, que el día de mañana le puedan quitar sus bienes a todos los ciudadanos bolivianos. Tiene que estar administrado por un ente que no sea parte política de la justicia”, afirmó.
Mediante una carta donde firma como “preso político del gobierno de Rodrigo Paz”, el expresidente Luis Arce Catacora, denunció desde la cárcel de San Pedro que sufre una serie de vulneraciones a sus derechos fundamentales, incluyendo presunta “tortura psicológica”.
El exmandatario está detenido preventivamente desde diciembre de 2025, por presuntos delitos cometidos cuando era ministro de Economía, en el caso Fondo Indígena.
Tras las primeras investigaciones sobre el nexo de Marcelo Arce Mosqueira, hijo del Luis Arce, con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), arrojaron vínculos con “resabios” de Álvaro García Linera y otros personajes, aseveró el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes.
La justicia determinó 30 años de cárcel en el penal de San Pedro para el ciudadano Jaime G Y L., como autor del asesinato del joven Edwin A.S., hecho ocurrido en diciembre 2024 durante un asalto en la zona Chasquipampa de La Paz.
Según los antecedentes del caso, el asesino atacó con un arma punzocortante a la víctima para sustraerle su teléfono celular, informó este jueves el fiscal Frank Vásquez.
A causa del ataque, Edwin sufrió un choque cardiogénico, laceración de la aorta y traumatismo torácico penetrante. Falleció a los 24 años de edad.
Un sargento de la Policía ha sido aprehendido este miércoles, luego de encontrarse adulteraciones en droga que había sido secuestrada y que debía ser incinerada.
La información fue proporcionada por el viceministro de Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, quien indicó que se ha logrado detectar esta irregularidad en un operativo sorpresa de la propia Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN).
De acuerdo con los antecedentes del caso, la sustancia involucrada alcanza un total de 119,2 kilogramos de cocaína.
El Ministerio de Gobierno informó que las fiscalías y fuerzas policiales de Bolivia y Chile activaron una coordinación en la investigación del caso de presunto “sabotaje” de diésel detectado en la planta de Senkata, en El Alto, en una cisterna que provenía de Iquique.
“Se ha activado coordinación entre las fiscalías y fuerzas policiales de Bolivia y Chile, con el objetivo de esclarecer plenamente los hechos y establecer responsabilidades”, señala el comunicado oficial.
Al terminar el primer trimestre del año, la empresa Univida informó este miércoles que un 40% del parque automotor a nivel nacional ha adquirido el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).
Jimena Murillo, gerente nacional comercial de Univida, indicó que el seguro ya adquirido alcanza a alrededor de 1.400.000 vehículos.
“Del parque automotor a nivel nacional hemos cubierto el 60% de vehículos con SOAT. Tenemos todavía del parque automotor el 40% que no han adquirido”, dijo la ejecutiva.
Luego de una investigación sobre el sabotaje a la gasolina, el Gobierno informó que se ha identificado una red criminal dedicada al robo y la adulteración del combustible destinado a Bolivia.
Esta red criminal operaba en Chile, donde aparentemente se comercializaba el combustible robado y se adulteraba, según indicó el ministro de Gobierno, Marco Oviedo.
De acuerdo con la explicación, el combustible que era destinado para Bolivia se desviaba en Chile. Por ejemplo, se sacaban volúmenes de mil litros o algo menos de las cisternas para ser distribuidas en el vecino país.