Seguridad

La Fiscalía ha abierto una investigación penal contra el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, en el marco de una denuncia de irregularidades en el cobro de pensión por invalidez laboral.

La denuncia fue presentada por el diputado Manolo Rojas, quien acusó a Argollo de beneficiarse de pensión de invalidez cuando estaría bien de salud. Detalló que, en 2021, se habría realizado la tramitación en tiempo récord y se habría cobrado un cheque de más de 141 mil bolivianos.

En instancia de apelación, la Sala Penal Cuarta de La Paz determinó revocar la detención domiciliara del exejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, por lo cual debe retornar a la cárcel mientras es investigado por enriquecimiento ilícito y otros delitos.

La información fue proporcionada por el abogado Abel Loma, denunciante en este caso, quien solicitó públicamente a la Policía que recapture a Huarachi para llevarlo nuevamente al penal de Chonchocoro.

La Policía informó que durante la mañana de este martes se ha registrado el caso de un doble accidente, que involucró a minibuses, una flota y un motociclista.

En el primer caso, un minibús perdió el control aparentemente por fallas en los frenos y chocó contra una flota, a la altura de la fábrica Venado, según el reporte policial.

Dos personas resultaron atriccionadas entre las movilidades, pero fueron auxiliadas para ser llevadas a centro médicos.

Sin embargo, cuando se atendía el primer caso, ocurrió un nuevo accidente.

El comandante de la Policía, general Mirko Sokol, informó la mañana de este martes que el Gobierno no ha emitido la instrucción de desbloquear porque está en proceso de diálogo. En ese marco, pidió a los bloqueadores que tengan “humanidad”, debido a que se impide el paso de personas y alimentos.

El fiscal departamental de Tarija, José Ernesto Mogro, anunció que el Ministerio Público pedirá una condena de 20 años de prisión para Evo Morales por el delito de trata de personas con agravante, en el marco del juicio oral que se instaló este lunes y en el que el exmandatario fue declarado nuevamente en rebeldía por no asistir a la audiencia.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) informó que realiza la investigación para identificar al sujeto que fue sorprendido perforando el asfalto de la carretera La Paz-Oruro, en medio de los bloqueos convocados contra el Gobierno.

El caso se hizo viral el fin de semana, cuando el ministro Mauricio Zamora difundió el video del sujeto con taladro en mano para instalar fierros afilados en la carretera, al estilo de los denominados “miguelitos”.

Como se había previsto, Evo Morales no se ha presentado este lunes a la apertura del juicio en su contra por el delito de trata y tráfico en el departamento de Tarija, por lo cual el tribunal de la causa declaró en rebeldía al exmandatario.

Además, se determinó nuevamente emitir el mandamiento de aprehensión contra Morales, además de su arraigo, informó el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, Luis Ortiz.

Una jueza penal de la ciudad de Santa Cruz emitió el pasado 22 de abril una tercera orden de desapoderamiento para que la Policía Boliviana proceda al desalojo de un predio avasallado desde hace 25 años, en favor de la señora Teresa Triviño Bazán.

Después de la polémica surgida por su salida del país pese a la Ley de Arraigo, el expresidente de YPFB, Yussef Akly, informó este viernes que se encuentra en Estados Unidos por un tema de acompañamiento familiar, pero que regresará a Bolivia este fin de semana.

“No estoy en huida, no estoy en escapada, no estoy en ninguna situación de esa. Soy una persona esté muy seria y profesional y, bueno, siempre he estado asistiendo en cualquier instancia que se me convoquen”, afirmó en contacto con La Tarde en Directo de la Red ERBOL.

El Ministerio de Gobierno informó este viernes que ha instruido una investigación para determinar responsabilidades por la salida del país del expresidente ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB Corporación), Yussef Akly, quien presuntamente abandonó territorio nacional vulnerando la Ley de Arraigo de.

Mediante un comunicado, la cartera de Estado recordó que la normativa establece que toda autoridad que concluya funciones debe permanecer en Bolivia durante seis meses, con el objetivo de garantizar su disponibilidad ante eventuales procesos.