El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Ingvar Ellefsen, determinó rescindir el contrato laboral que tenía con el exdirigente universitario Max Mendoza, debido a las reacciones negativas y perjuicio que le ha significado.
La decisión fue comunicada a Mendoza mediante en una nota que suscribió Ellefsen. ERBOL tuvo acceso a ese documento.
El ministro de Justicia, Iván Lima, indicó este viernes que Luis Fernando Camacho se expone a un proceso penal por el delito de abandono de funciones si insiste en ejercer como Gobernador de Santa Cruz estando privado de libertad, pero además se podría denunciar por incumplimiento de deberes a los funcionarios que no tomen medidas al respecto.
Según Lima, la figura de ausencia del Gobernador, estipulada en el Estatuto Autonómico, se aplica en este caso a Luis Fernando Camacho, por lo cual debería asumir el Vicegobernador.
La máxima autoridad judicial de Bolivia, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres Echalar, hizo una invocación a los jueces de país, para que no se sometan el poder y asuman con dignidad el riesgo por sus decisiones acordes a la Constitución o, de lo contrario, dar un paso al costado.
Torres se pronunció así consultado sobre el caso de Luis Fernando Camacho. Aclaró que no puede referirse a temas específicos, por lo cual se limitó a lanzar una recomendación a los jueces.
Con el fin de evitar las filas que ya existen en puertas de cuarteles, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, anunció este viernes que se realizará el pre-registro computarizado de los jóvenes aspirantes al Servicio Militar Obligatorio en la Categoría Primer Escalón 2023.
Se asumió esta medida hasta que se oficialice la fecha de reclutamiento y licenciamiento, que se prevé sea en próximos días, según nota de prensa del Ministerio de Defensa.
La querellante en el caso denominado “Golpe de Estado I”, Lidia Patty, dijo que Evo Morales y Álvaro García Linera tienen que presentarse “sí o sí” a prestar su declaración para no obstaculizar las investigaciones.
En la denuncia de Patty, presentada en noviembre de 2020, Evo y Álvaro figuran como víctimas bajo el argumento de que fueron obligados a renunciar en 2019, sin embargo, en estos más de dos años la Fiscalía no ha convocado a declarar a los exmandatarios.
El ministro de Justicia, Iván Lima, explicó la teoría que se está analizando para fundamentar una ampliación de los cargos contra Luis Fernando Camacho, para que no sea sólo procesado por el caso “Golpe de Estado I”, sino también por las masacres de Senkata y Sacaba.
El argumento, explicado por Lima, consiste en que las decisiones que derivaron en las masacres también alcanzan a Camacho, puesto que él puso al Ministro de Defensa de Jeanine Añez y, además, era su aliado político.
Han pasado más de dos años desde que Lidia Patty presentó su denuncia en el caso “Golpe de Estado I” mencionando a Evo Morales y Álvaro García Linera como víctimas, sin embargo, hasta ahora la Fiscalía no ha convocado a declarar a estas exautoridades en el marco de la investigación.
El abogado de Lidia Patty, Jorge Nina, confirmó que Evo y Álvaro no han declarado aún, sin embargo, aclaró que corresponde al Ministerio Público establecer cuándo se debe tomar estos testimonios.
Los destrozos y quema de la Fiscalía de Santa Cruz y mobiliario tiene una afectación aproximada de al menos Bs 37 millones, informó el fiscal departamental Roger Mariaca, quien descartó que se haya tratado de un autoatentado.
El representante del Ministerio Público llegó hasta los predios que afectados a noche del 28 de diciembre del pasado año por una turba de movilizados tras la aprehensión del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho.
En audiencia virtual, un juez rechazó la acción de libertad solicitada por la defensa del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, pero en caso de emergencia médica, la autoridad departamental podrá ser trasladada a un hospital.
El recurso legal era para pedir el traslado de Camacho a un centro médico donde reciba el tratamiento médico por la enfermedad de base que tiene pero no así un traslado permanente, afirmó el abogado Martín Camacho.
La Fiscalía presentó la acusación formal contra el exjuez Rafael Alcón, por la liberación del feminidad Richard Choque, y ha solicitado la pena de 10 años de cárcel, informó el abogado de la defensa Manolo Rojas.
Alcón fue enviada a la cárcel en enero de 2022, después de conocerse que había determinado liberar a Choque en 2019 a pesar de que tenía sentencia por el asesinato de una joven. Tras su liberación, el sujeto volvió a delinquir, cometiendo al menos dos feminicidios más.
