La Procuraduría General del Estado (PGE) ha realizado la evaluación de 570 procesos que había heredado de anteriores gestiones, llegando a la conclusión de que hubo un uso indiscriminado de las atribuciones de la entidad, porque nunca debió intervenirse en casi la mitad de los casos.

El procurador César Siles explicó que se ha hecho la evaluación porque la PGE, antes de su gestión, había realizado intervenciones que generaban dudas y susceptibilidades.

Mencionó como ejemplo el caso Loritas, sobre denuncias de estafa inmobiliaria en la ciudad de La Paz. Según Siles, la PGE nunca debió intervenir en este caso, al tratarse de un tema entre particulares, y se sospecha que lo hizo para favorecer al imputado.

“Tenemos serias sospechas, estamos investigando estamos revisando los documentos los memoriales a través de los cuales la Procuraduría ha intervenido en este caso, de que solo se intervino en el caso para beneficiar al imputado o a los imputados y no para defender los intereses del Estado”, señaló.

También la PGE dejó el caso del colegio Alemán, donde se investiga presuntos delitos de violencia sexual, puesto que ya hay otras entidades encargadas del tema y se trata de un caso entre particulares.

En total, de los 570 procesos que llevaba adelante la PGE, se determinó seguir adelante con 287, mientras que la diferencia de 283 se procedió a concluirlos o migrarlos.

“Estamos hablando de más de 250 casos, casi 300, en los que la Procuraduría ya no debió haber intervenido. Es más ya debe haber cerrado el proceso, porque ya estaban en la etapa de conclusión de ejecución de sentencia o debía haber migrado a la supervisión o al seguimiento”, detalló Siles.

Explicó que ahora, para evitar el abuso de las competencias, se tiene criterios claros para que la PGE intervenga en procesos, como una cuantía de mayor a 7 millones de bolivianos, casos de violación a derechos humanos y afectación al medio ambiente.