Una periodista se quitó la vida tras haber sido víctima de violación y enfrentar la negligencia de las autoridades judiciales, policiales y fiscales en la investigación del caso ocurrido en septiembre de 2024 en la ciudad de El Alto.

Según el testimonio de sus familiares, Nadia A. O., joven profesional titulada en la Universidad Mayor de San Andrés, se ahorcó tras un prolongado peregrinaje en busca de justicia contra el presunto agresor, Álvaro Valero, fotoperiodista y excompañero de trabajo. En noviembre del año pasado, ya había intentado suicidarse cortándose las venas, pero su familia logró intervenir a tiempo.

Los allegados de la víctima denunciaron este sábado que el principal sospechoso intentó sobornar a la familia para que retirara la denuncia, sin éxito. Ahora exigen justicia y la máxima sanción para el presunto violador.

Periodistas denuncian negligencia judicial

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y el Círculo de Mujeres Periodistas de La Paz se sumaron al pedido de justicia, exigiendo sanciones contra los servidores públicos que habrían menospreciado la vida y dignidad de Nadia A. O.

En un pronunciamiento, responsabilizan al Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Noveno de El Alto, así como a la suboficial Delia Delmira Parra Yapita, quien desalentó a la víctima al decirle que su denuncia “no procedería porque era su culpa”.

También acusan al fiscal Luis Alberto Bayón de dilatar la imputación del acusado y omitir la verificación de pruebas, en flagrante incumplimiento de sus funciones.

Las organizaciones colegiadas denunciaron que estos hechos reflejan la normalización de la violencia de género dentro del sistema judicial, que incumple la Ley 348 y el Artículo 303 del Código Penal, dejando impunes los actos de revictimización y trato cruel contra mujeres en busca de justicia.

Un llamado urgente a la acción

"La muerte de Nadia es un recordatorio brutal: mientras el Estado no sancione a quienes revictimizan y menosprecian a las mujeres, la violencia de género seguirá siendo tolerada y normalizada", señala el comunicado.

Las organizaciones y familiares exigen a las autoridades:

• Reconocer su responsabilidad en la muerte de Nadia, cuyo peregrinaje por justicia la llevó al suicidio ante la falta de respuestas.
• Sancionar con todo el rigor de la ley a quienes le negaron protección y minimizaron su denuncia.
• Implementar capacitaciones urgentes para funcionarios encargados de atender a víctimas de violencia, garantizando que se apliquen protocolos que eviten la revictimización.

Finalmente, recalcan que la muerte de Nadia A. O. no debe quedar impune. “Su voz silenciada será el grito que exija justicia para todas y sanción para los culpables”, concluye el pronunciamiento.