El Juzgado de Sentencia Penal N° 12 de Cochabamba dictó este jueves sentencia contra algunos integrantes de la denominada Resistencia Juvenil Cochala (RJC) por los hechos de violencia ocurridos en noviembre de 2019.

El principal líder de la RJC, Yassir Molina, fue condenado a 8 años de prisión, mientras que los hermanos Mario Antonio y Favio Bascopé a 6 años y 6 meses, por los delitos de organización criminal, con relación a los delitos de vejaciones y torturas y tenencia, porte y portación ilícita, por la violencia que ejercieron en contra de la población.

En el mismo juicio, Milena Soto y Jaime Maldonado fueron sentenciados a 2 años por los delitos de organización criminal con relación al delito de vejaciones y torturas. Todos los implicados deberán cumplir las penas en la cárcel de San Sebastián en Cochabamba.  

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, cuestionó la determinación judicial, sin embargo, anunció que el Ministerio de Gobierno evaluará las acciones que se podrían asumir por las penas impuestas como resultado del juicio.  

“Estamos aquí principalmente no sólo como autoridades sino para dar esa seguridad y esa asistencia a las víctimas que durante todo este proceso han sido víctimas de amenazas, de humillaciones, amedrentamiento por parte de la familia”, añadió.

De acuerdo con los antecedentes, durante la crisis social que atravesaba el país entre octubre y noviembre de 2019, los integrantes de la RJC circulaban en motocicletas con bazucas artesanales, explosivos, palos envueltos con alambre de púas entre otros objetos con los que agredían físicamente a cualquier persona de origen indígena o vinculada al MAS que circulaba por las calles de la ciudad de Cochabamba.

Esta es la segunda sentencia obtenida en contra de los líderes de la RJC , Molina y los hermanos Bascopé en abril de 2023 fueron condenados a seis años de prisión en el penal de San Roque de Sucre.

Los delitos por los cuales fueron vinculados son tenencia porte o portación ilícita, impedir o estorbar el ejercicio de funciones y daño calificado, cometidos en octubre de 2020 cuando atacaron la Fiscalía General del Estado. //agc