Fiscalía Anticorrupción imputa al alcalde de Guanay y pide cuatro meses de detención preventiva

La Fiscalía Anticorrupción de La Paz emitió el 21 de febrero de 2025 una resolución de imputación formal contra el alcalde de Guanay, Víctor Ticona Yujra, por el delito de conducta antieconómica. En su requerimiento, el fiscal Omar Mejillones solicitó cuatro meses de detención preventiva en la cárcel de San Pedro de La Paz, argumentando la existencia de riesgos procesales.
El Ministerio Público pidió al Juez Primero de Instrucción Penal de La Paz que fije la audiencia de medidas cautelares para definir la situación jurídica del imputado. Ticona fue notificado este viernes mediante un cedulón en la puerta de su domicilio en Guanay, debido a que, según la Policía, no se encontraba ni en su vivienda ni en su despacho municipal.
La imputación se sustenta en la emisión irregular de cheques, la entrega indebida de fondos a particulares y el manejo irregular de recursos públicos. La fiscalía sostiene que estos hechos configuran el delito de conducta antieconómica, cuya pena privativa de libertad oscila entre tres y ocho años de prisión.
Durante la investigación se identificó un movimiento económico de 343.876 bolivianos en cheques cobrados de manera ilegal por funcionarios municipales y particulares que recibieron recursos bajo la figura de fondos en avance. Se estima que la cifra podría ascender a más de un millón de bolivianos.
Los hechos irregulares habrían ocurrido entre enero y diciembre de 2023, según la denuncia inicial presentada por las concejalas Edith Griselda Villanueva Valer y Sofía Glorin Oraqueni Poma, junto al dirigente del control social Pablo Bernal García. Posteriormente, el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción se sumó al caso hasta llegar a la imputación.
El fiscal Mejillones justificó la solicitud de detención preventiva señalando que el alcalde no tiene domicilio conocido, lo que implica falta de arraigo natural. Además, advirtió peligro de obstrucción a la justicia, al señalar que Ticona podría influir en más de 20 testigos, en su mayoría funcionales ediles.
También argumentó riesgo de fuga, respaldado por reportes del Servicio de Migración que registran constantes viajes del alcalde a Perú. Asimismo, la fiscalía identificó en Ticona una actitud reticente a someterse al proceso y una actividad delictiva reiterada.
La imputación formal fue recibida con aprobación por gran parte de la población, que destacó el rol del Viceministerio de Transparencia como una señal de justicia ante los graves hechos de corrupción. Ahora, esperan un pronunciamiento de la misma instancia sobre una denuncia contra Víctor Ticona Yujra por falsedad en su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, presentada ante la viceministra Susana Ríos el 11 de febrero, la cual podría derivar en un caso de legitimación de ganancias ilícitas.