El dirigente de la comunidad San Pedro de La Loma del Municipio de Coroico, Guido Q.T., fue enviado a la cárcel de San Pedro con detención preventiva acusado de liderar el pasado 27 de junio con una treintena de personas, un avasallamiento violento al Hotel La Finca, con el argumento de hacer cumplir la resolución de una supuesta comunidad indígena originaria campesina.

La audiencia de medidas cautelares de la pasada semana tuvo que realizarse en el Salón Rosado del Tribunal de Justicia Departamental de La Paz, por determinación del Juez Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia de Instrucción Penal de Coroico, porque durante la audiencia informativa el imputado procedió a convocar a sus familiares y amigos que causaron destrozos a la infraestructura de la Fiscalía en la localidad yungueña.

El Hotel La Finca que funciona por casi 10 años, se ubica en la comunidad San Pedro de la Loma distante a unos 100 kilómetros de La Paz, aproximadamente a 45 minutos de Coroico en la provincia Nor Yungas del Departamento de La Paz. Sus propietarios son los esposos Palmira Navi y Roberto Beltrán.

Denuncian resolución ilegal

El abogado de los propietarios del Hotel La Finca, el jurista Antonio Quispe, informó a ERBOL que una asamblea de la Comunidad San Pedro de La Loma emitió la resolución 04/2024 de 30 de abril de 2024 en la que supuestamente otorgaba el derecho propietario a otra persona, quien habría procedido a ofrecer el 50 por ciento de los terrenos a los dirigentes de la comunidad.

“Es totalmente ilegal que los dirigentes otorguen un supuesto derecho propietario, los únicos que pueden otorgar derechos propietarios en el área urbana es Derechos Reales y en el área rural el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a través de títulos ejecutoriales”, explicó el abogado.

Dijo que la defensa del imputado intentó utilizar en la audiencia de medidas cautelares un “argumento muy débil”, al manifestar que este proceso debía dilucidarse en la justicia indígena originaria campesina. Sin embargo, según la Constitución Política del Estado la comunidad San Pedro de La Loma no fue reconocida como un pueblo indígena originario campesino, añadió.

Las naciones y pueblos indígena originario campesinos (NPIOC) que comparten territorio, cultura, historia, lenguas y organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias podrán acceder a la Autonomía Indígena Originario Campesina (AIOC) y gobernar en el ámbito de su jurisdicción territorial, como ejercicio del autogobierno y la libre determinación.

Hechos de violencia

El jurista afirmó que el imputado ha sido filmado y puede ser identificado como el líder de los hechos de violencia que se registraron el pasado 27 de junio cuando inicialmente amenazaron a Palmira Navi, propietaria del Hotel La Finca, a quien le dieron dos horas para que desaloje el lugar antes de la toma de las instalaciones.

En la misma jornada al anochecer, el imputado junto con una treintena de personas ingresaron al hotel con el uso de dinamita y gases lacrimógenos. Navi fue golpeada delante de sus hijos y sobrinos, mientras que uno de sus hijos fue secuestrado por el lapso de dos horas por los agresores, quienes lo rociaron con gasolina y amenazaron con quemarlo vivo.

El abogado defensor reveló que hay más dirigentes involucrados y cuestionó que no hayan dejado ingresar a la policía para recolectar las pruebas del uso de los gases lacrimógenos. Parte de la infraestructura del hotel fue quemada, además del saqueo de objetos de valor. Lamentó que los propietarios aún no pueden ingresar a su propiedad.

Palmira Navi  lamentó que el empresariado hotelero en Bolivia no tenga las garantías necesarias para reactivarse después de la pandemia del Covid-19 que paralizó el turismo en el mundo y que existan intereses personales o colectivos de algunos dirigentes de la comunidad San Pedro de La Loma de apropiarse del hotel, mientras que la relación con anteriores dirigentes fue siempre de estrecha amistad y “a quienes se apoyó en sus actividades comunitarias”.

El imputado está en la cárcel de San Pedro con detención preventiva por cuatro meses acusado de avasallamiento y por el delito de lesiones graves y leves.