La Defensoría del Pueblo, a través de su titular Pedro Callisaya Aro, ha expresado su creciente preocupación ante las muertes violentas ocurridas dentro de los centros penitenciarios del país, destacando que la pasividad de las autoridades encargadas de la seguridad en las cárceles permite que esta situación continúe de manera impune.

En su última declaración, Callisaya lamentó el reciente deceso de un privado de libertad en el Centro Penitenciario de Oruro, lo que eleva a nueve el número de muertes violentas registradas en lo que va del año.

“Con lo ocurrido en Oruro ya son nueve las muertes violentas al interior de los penales en lo que va del año. No podemos dejar que continúe la impunidad, ni la pasividad de las autoridades encargadas de administrar los centros penitenciarios”, señaló Callisaya a través de su cuenta en X. El defensor subrayó que, junto a organizaciones civiles, la Defensoría presentó una propuesta para abordar la crisis del sistema carcelario, que incluye medidas de reforma y solución para los problemas estructurales.

Entre las iniciativas presentadas, destacan la implementación de jornadas de descongestionamiento, la construcción y ampliación de infraestructura carcelaria utilizando mano de obra de los mismos privados de libertad, y la realización de exámenes médicos obligatorios dentro de las primeras 48 horas de ingreso al centro penitenciario.

Además, se propone la separación y clasificación de los reclusos según la naturaleza y gravedad de sus delitos, y la implementación de programas penitenciarios que favorezcan la reinserción social.

De acuerdo con una publicación en su página digital, el último deceso registrado tuvo lugar el 24 de marzo, en los baños del Centro Penitenciario de San Pedro, en Oruro, donde fue hallado sin vida un privado de libertad con una cuerda atada al cuello.

Este suceso se suma a una serie de muertes ocurridas en lo que va del año, entre ellas, los asesinatos en los centros penitenciarios de Morros Blancos (Tarija), Chonchocoro (La Paz), y CERPROM (Montero – Santa Cruz), entre otros.

Callisaya hizo un llamado urgente a las autoridades para que asuman con responsabilidad la gestión de los centros penitenciarios y se tomen medidas concretas para garantizar la seguridad de los privados de libertad y evitar que continúen ocurriendo muertes impunes dentro del sistema.