por Fátima Monasterio
Es 12 de mayo y vamos camino a Colcha K. En el frío altiplánico, el viaje se siente más largo de lo que realmente es. La Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (CUPCONL) ha tomado una decisión histórica: presentar una Acción Popular para resguardar los derechos colectivos de quienes viven en ese territorio.
Una línea de luz atraviesa el horizonte cuando dejamos Uyuni. Es tiempo de agua y el Salar hace del cielo un espejo infinito. La acción de la CUPCONL se da frente a los contratos que Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) ha firmado con las empresas CBC (China) y Uranium One Group (Rusia), que pretenden extraer litio en el Salar de Uyuni sin estudios ambientales serios ni consulta previa, violando la Constitución y los tratados internacionales que protegen a los pueblos indígenas.
YLB asegura que las obras principales están fuera del territorio titulado, que la consulta no les corresponde. No es un error técnico: es una exclusión deliberada. El Estado Boliviano argumenta que no debe realizar la consulta porque el territorio intervenido no coincide con el título agrario, aunque las fuentes de agua a ser utilizadas se encuentran dentro de la TCO y aunque las comunidades mantengan una relación cultural y productiva con el salar, que forma parte de su territorio ancestral.
Esta postura contradice el derecho internacional ratificado por Bolivia. Los pueblos indígenas tienen derecho a ser consultados respecto a cualquier decisión o proyecto que pueda afectar las tierras que ocupan o utilizan, no solo aquellas que el Estado ha titulado.
En los fundamentos de la acción se detalla: no hubo consulta conforme a los estándares internacionales del Convenio 169 de la OIT ni a la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. No se realizó un estudio de impacto que contemple la afectación acumulativa sobre los ecosistemas del salar. Y aunque suene increíble, tampoco existe un marco legal específico que regule la explotación del litio en Bolivia.
El viento se cuela por la ventana trasera del auto. Llevamos en nuestras faldas las carpetas con la demanda. Más de 500 fojas que contienen los alegatos y las pruebas. 517, para ser exactos. No es solo papel: es un gesto colectivo de resistencia. Comunidades que, desde hace meses, debaten desde el miedo concreto a quedarse sin agua, sin bofedales, sin espacio para la vida.
Dos días antes, en Río Grande, se realizó un ampliado de emergencia de la CUPCONL. Un único punto en agenda: socializar la acción y consultar a las bases si debía interponerse. El corregidor de La Vista habló del Salar no como paisaje, sino como memoria. “Hay caminos que conocemos desde nuestros abuelos. Rutas que no están en los mapas, pero existen porque las hemos recorrido generación tras generación. Son nuestros caminos ancestrales al Salar”.
Los corregidores hablaron de los impactos con la claridad de quien depende de cada gota. El agua que se está entregando al extractivismo es la misma con la que se cultiva la quinua, la que alimenta los bofedales, la que beben las llamas. Es la misma que sostiene la vida de quienes habitan el salar.
El lenguaje jurídico se entremezcla con otro lenguaje, uno que también recorre esta acción. Es el de quienes reclaman el derecho a que no se decida por ellos, a que “el desarrollo” no los convierta en una zona de sacrificio. Porque el litio se extrae evaporando salmueras y drenando acuíferos subterráneos. Porque la disminución del nivel freático pone en riesgo los sistemas de vida que dependen del equilibrio hidrológico del salar.
En Nor Lípez, el daño ya empezó. Se han perforado pozos en las microcuencas de Huasa Julaca, San Gerónimo y anuncian futuras perforaciones en Cieneguillas. Los comunarios perciben que han bajado los niveles de agua, queel salar está más seco. Frente a esto, existe una obligación internacional: actuar conforme al principio precautorio, que indica que, cuando hay riesgo de daño grave o irreversible, aunque no haya certeza científica, el Estado debe actuar antes, no después.
En el ampliado no hubo disidencias. Una a una, las autoridades de cada comunidad se pusieron de pie y, con voz firme, dijeron “aprobado”. Las y los comunarios de Nor Lípez decidieron por unanimidad demandar al Ministro de Hidrocarburos y Energías, al Presidente de YLB y al Presidente de la Cámara de Diputados por no haber garantizado el ejercicio de sus derechos a la libre determinación, a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en el proceso de negociación, diseño, suscripción y tratamiento legislativo de los contratos del litio.
Estos proyectos también ponen en grave riesgo su derecho al agua, a la alimentación y a vivir en un medio ambiente sano, amenazando la integralidad de su territorio y el ciclo de vida de la Madre Tierra.
Así, la palabra “acción” dejó de ser jurídica y se volvió política.
La Acción Popular solicita algo que debería ser obvio: detener la tramitación legislativa de los proyectos de ley que aprueban los contratos con CBC y Uranium One Group hasta que se realice una evaluación integral —con enfoque acumulativo— de los impactos ambientales, sociales y culturales, y hasta que se cumpla con un proceso de consulta y consentimiento previo, libre e informado. Es decir, hasta que se garantice que las comunidades originarias de la TCO Nor Lípez puedan seguir existiendo como pueblo en su territorio y que el Salar de Uyuni —la Madre Tierra— no sufrirá una afectación irreversible.
También se pide que YLB se abstenga de negociar y/o suscribir nuevos contratos o acuerdos destinados a la exploración y explotación del litio en el Salar de Uyuni sin la participación, consulta y consentimiento efectivo de las comunidades. Como medida de no repetición, se solicita la construcción participativa de una Ley Marco del Litio, para que nunca más se decida sobre el mineral más codiciado del país sin escuchar a quienes viven en los territorios que lo resguardan.