Operadores políticos afines a Evo Morales agotaron este domingo su discurso de condena contra el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por inhabilitar a su líder para una nueva candidatura presidencial y contra el Órgano Electoral por retirarles la sigla del MAS-IPSP. Una de las voces más duras fue la de Adriana Salvatierra, expresidenta del Senado, quien advirtió que una “explosión de protesta” del movimiento popular podría terminar llevándose por delante al gobierno de Luis Arce y a los magistrados “autoprorrogados” del TCP.

Este domingo, Morales puso al frente de los micrófonos de su programa radial al exministro Carlos Romero y a Salvatierra, quienes arremetieron contra los magistrados, descalificando sus fallos y acusándolos de actuar bajo directrices políticas del Ejecutivo.

Antes pasaron por el mismo escenario varios dirigentes sindicales del Trópico de Cochabamba, quienes exaltaron la figura de su “comandante”, mientras que un exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia y un abogado afín intentaron convencer a la audiencia de que Evo Morales está habilitado legalmente para participar en las próximas elecciones.

Durante su intervención, Salvatierra —quien en 2019 renunció a la presidencia del Senado en plena crisis política, dejando el camino expedito para que asuma Jeanine Áñez— repitió los argumentos de otros interlocutores: deslegitimar a los magistrados prorrogados del TCP y acusarlos de dictar sentencias bajo presión política. En respaldo, Morales afirmó que le insinuaron que un fallo favorable a su habilitación le costaría “un millón de dólares”.

Salvatierra señaló que el proceso electoral actual está marcado por la incertidumbre. “No sabemos si vamos a llegar a elecciones en agosto”, alertó, al mencionar la falta de garantías sobre el voto en el exterior y la posibilidad de que más partidos sean eliminados del proceso.

Criticó también a algunos “opinadores” y medios de comunicación, a los que acusó de haberse enterado recién de la injerencia de la justicia y del Tribunal Constitucional en asuntos electorales. “Aquello venimos denunciando desde 2023 y pareciera que recién lo vieron. Recién cuando la inhabilitación les tocó las puertas, cuando estuvo en riesgo su participación electoral, se dieron cuenta…”, señaló.

Según Salvatierra, existe un supuesto consenso entre el gobierno, la derecha y el TCP para sacar a Evo Morales del escenario electoral. Atribuyó al exmandatario la capacidad de representar “ideas y esperanza” para recuperar la estabilidad económica. Añadió que su exclusión sería “muy peligrosa” porque vulneraría “el principio más profundo de la democracia”.

“Es lo que usted decía, esta movilización masiva (del 16 de mayo de 2025) era precisamente una movilización producto del hartazgo de que el Órgano Electoral nos quite el partido, ponga en duda nuestra participación, nos cierre las puertas. Si esto continúa así y se le cierra efectivamente la puerta al campo popular, al movimiento indígena y campesino, esto puede explotar y puede pasarse a llevar al gobierno y, obviamente, a los autoprorrogados”, manifestó.

Morales reforzó esa idea y la enmarcó en una supuesta “doctrina colonial” de dominación vía división. “Antes era genocidio para el saqueo. Ahora es otra forma de genocidio, ya no con descuartizamiento como a Túpac Katari. No solamente es el gobierno, la derecha y la estructura judicial, sino el imperio, imperio”, dijo. Aseguró que en 2019, durante el “golpe de Estado”, Estados Unidos intentó proscribir al MAS y que el plan era impedir su retorno: “Está en los periódicos: el MAS no vuelve al gobierno, ni Evo a Bolivia”.

Actualmente, el líder cocalero limita sus actividades políticas a reuniones en su reducto de Lauca Ñ, sin lograr salir a otro lugar del país por temor a la ejecución de una orden de aprehensión en su contra por presuntos delitos de trata, tráfico y estupro, relacionados con una menor de edad con la que tuvo una hija. El caso continúa bajo investigación en el Ministerio Público y la justicia departamental de Tarija.