Por Daniela Vidal
El día jueves 3 de agosto, la comunidad de Puerto Yumani, perteneciente a la Organización de Comunidades Indígenas de Rurrenabaque – OCIR, junto al corregimiento y el Comité Cívico de Rurrenabaque llevaron a cabo un proceso de desalojo de mineros asentados ilegalmente sobre un brazo del rio Beni que bordea las áreas productivas comunales.
Esta acción fue realizada después de varias solicitudes realizadas por las autoridades indígenas a dichos actores para que paralicen la explotación aurífera y se retiren del lugar, ya que se trata de una afectación a los espacios comunales. La última inspección realizada días atrás contó incluso con el acompañamiento del Concejo Municipal de Rurrenabaque, así como de las autoridades de la unidad de Medio Ambiente del gobierno municipal. Pese a las permanentes advertencias, los mineros han insistido en mantenerse en el lugar, generando gran molestia por parte de las comunidades ubicadas en las cercanías.
Según cuentan las mujeres de Puerto Yumani, durante la pandemia por COVID-19 hubo un aumento de personas de distintos lugares que llegaban hasta sus playas para la extracción de oro a partir del método de bateo, sin embargo, en el transcurso del presente año, grupos ingresaron a la zona con la excusa de realizar aprovechamiento de áridos, pero en los hechos buscaron confundir, dividir, coercionar e incluso amenazar para que las comunidades de Puerto Yumani, Puerto Motor y Emanuel acepten el desarrollo de actividades de explotación aurífera en sus áreas, las cuales llevan a cabo con pequeñas balsas y motobombas que remueven el fondo del río.
Durante el desalojo, el posicionamiento de comunarios, autoridades indígenas, públicas y cívicas fue claro: No se permitirá el desarrollo de actividades mineras dentro de la jurisdicción de Rurrenabaque, para evitar con el tiempo repetir la historia de los municipios cercanos del norte de La Paz, como Tipuani, Mapiri u otros que se encuentran tomados por las actividades mineras y con graves impactos ambientales y sociales. Comunarios y autoridades de la zona reafirmaron el potencial turístico de la región y la vocación agrícola de las comunidades, a través de la cual consiguen el sustento para sus familias.
Estudios realizados en los últimos años en la región del norte amazónico boliviano dan cuenta sobrada de los diversos impactos que provoca la actividad minera aurífera, sobre todo a las comunidades indígenas: Afectación a la calidad de agua, desmoronamiento de las riberas que sirven como áreas productivas comunitarias, contaminación por mercurio que es liberado al ambiente, conflictos sociales, vulneración de derechos colectivos, entre muchos otros.
La movilización iniciada por Puerto Yumani y demás comunidades de la OCIR, se suma a una gran cantidad de acciones sociales y jurídicas desde organizaciones indígenas, campesinas y activistas en el norte amazónico boliviano, quienes resisten al avance de la minería aurífera sobre ríos. Aunque la fuerza es desproporcional entre unos y otros, la defensa de la vida, de los territorios indígenas y las áreas protegidas es lo que está en juego y requiere de nuestra parte oír el llamado de estos actores para sumar esfuerzos en esta lucha que nos compete a todos.