Por: Alfredo Zaconeta Torrico
Según la calificación del Instituto Fraser, Bolivia se encuentra en el puesto 74 de los 77 territorios analizados en cuanto a las condiciones de inversión minera. Esta calificación mide los siguientes ítems: índice de las mejores prácticas de potencial minero, países y territorios según su atractivo geológico, índice de percepción de políticas mineras y los efectos de la política gubernamental sobre las inversiones en exploración.
Pese a este escenario negativo, Bolivia no pierde su cualidad minera; sin embargo, la falta de una política minera que oriente las actividades hacia el objetivo de lograr la industrialización para otorgarle valor agregado a nuestras materias primas, complica el actual escenario, en su corto y mediano plazo.
La Constitución Política del Estado (CPE), en su artículo 369, reconoce a tres operadores mineros: estatal, privado y cooperativistas; sin embargo, la falta de una política minera con dirección coherente, dificultó vislumbrar los objetivos específicos para fortalecer una minería estatal sostenible, hecho constante en los 15 años de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), lo que derivó en un fortalecimiento de cooperativas y operadores privados.
Para una mejor comprensión de esta improvisación, apelamos, como ejemplo, a lo sucedido en Huanuni (2006) y Colquiri (2012), cuando, en ambos casos, se procedió a la reversión de estas operaciones para tener un dominio estatal pleno a cargo de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL); empero, estas medidas nunca obedecieron a una planificación o propuesta electoral para fortalecer una minería estatista. Ambas reversiones fueron medidas funcionales ante los enfrentamientos entre mineros asalariados y cooperativistas, con saldos trágicos en la disputa por estos yacimientos.
Con la reversión de Huanuni y Colquiri, también llegaron las reversiones de Vinto estaño (2007) y años después antimonio (2010), además del proyecto Mallku Khota (2012). La espontaneidad en estas medidas y la incapacidad de asumirlas debidamente no tardarían en doblar el discurso del gobierno, hecho que sería corroborado por el propio Álvaro García Linera, quien el 27 de julio de 2015 descartó nacionalizar San Cristóbal, señalando: “estoy aquí para reafirmar el compromiso del Gobierno de Bolivia con la empresa Sumitomo, para darle garantías”, complementando, “somos socialistas, somos comunitaristas, pero ahora los necesitamos a ustedes para que trabajen para nosotros”, para posteriormente rematar su sinceridad “ojalá vengan más [empresas], necesitamos dos o tres San Cristóbal”.
Esta bipolaridad entre acción y discurso tuvo como mayor perjudicada a la minería estatal del país. Lo tangible de este mal es el rezago técnico y de conocimiento que nos impide estar capacitados para la explotación y el tratamiento de tierras raras, minerales críticos; para industrializar nuestros recursos evaporíticos, ante el inicio de un nuevo ciclo de buenos precios. La falta de institucionalidad en nuestra minería nos deja en desventaja frente a nuestros vecinos.
A 2020, la minería privada domina la producción nacional minera en cantidad, con un 89,9%; seguida de las cooperativas, que copan el 6,1%; dejando el tercer lugar a la COMIBOL, con un 4%. Este hecho no contrasta, como debiera, con el valor de producción, donde las cooperativas ocupan el primer lugar, con el 47,5%; seguidas de la minería privada, con el 46,5%; relegando el tercer lugar a la COMIBOL, con el restante 6%.
Las actuales oportunidades para nuestra minería se encuentran depositadas en el potencial geológico del occidente y el oriente del país, donde urge continuar y culminar la elaboración de la carta geológica que ayude a planificar las cadenas productivas de nuestra minería, pasando del estado minero primario, a la metalurgia, refinación, industrialización y comercialización.
En este sentido, al margen de los minerales tradicionales —históricamente explotados en el país— debemos sumar como oportunidad al oro y los recursos evaporíticos; sin embargo, para ambos casos urge perfilar normativas específicas que los liberen de los márgenes que establece la Ley 535, y los techos tributarios, particularmente en el caso del oro.
El oro, a través de una política estatal, podría considerarse como una de las mayores oportunidades para el fortalecimiento de nuestras reservas, tomando en cuenta que muchas economías internacionales continúan convencidas que el oro sigue siendo el activo por excelencia, hecho que influye en el constante impulso en su precio internacional.
Para esto, el Estado debe estar presente estratégicamente en diferentes puntos del país, particularmente en la Amazonía, el río Madre de Dios y el norte paceño. También debe centralizar la comercialización de oro, eliminando la vigencia del Decreto Supremo 21060, para que el Estado logre captar el oro para su atesoramiento, e incremente nuestras reservas internacionales y divisas en oro metálico, superando los fracasos de la Central Integral de Comercialización de Minerales de las Cooperativas Mineras (COMERMIN) y la Empresa Boliviana de Oro (EBO).
La explotación nacional de oro representó el 2020 en valor 1.263 millones de dólares, reiterando que la recaudación para el Estado fue ínfima, puesto que apenas permitió cobrar un 2,7% de ese valor, considerando el actual régimen impositivo que se aplica para este recurso no renovable.
El efecto del COVID-19 derivó —como en otras crisis económicas— en que el oro se constituya en un refugio para inversionistas; hecho que podría repetirse ante la actual incertidumbre sanitaria que sigue presentando la pandemia.
En el caso de los minerales evaporíticos, particularmente el litio, en la actualidad, y como consecuencia del efecto de la pandemia del COVID-19 y la crisis política del país, continúa mostrando incertidumbre sobre la dirección que seguirá, sumada a su evidente demora en poder exhibir resultados positivos, que cumpla las promesas hechas en abril de 2008 por el gobierno del MAS.
Lo único tangible dentro de esta aspiración es que la iniciativa programó, en 2010, en la fase experimental, una producción de 480 TM/año de carbonato de litio y 12.000 TM/año de cloruro de potasio; sin embargo, en 2020, Yacimientos del Litio Boliviano (YLB) solo logró producir 191 TM/año de carbonato de litio, y apenas pudo exportar 7.023 TM de cloruro de potasio.
Actualmente, el panorama se espesa, ya que todo indica que se dejará de lado el carbonato de litio y se optará por el hidróxido de litio. Además, que la obtención de la misma sería por medio de Extracción Directa de Litio (EDL) “mediante la aplicación de nuevas tecnologías y proponer alternativas de procesamiento de otros elementos de valor comercial”, esto según la convocatoria internacional lanzada por el gobierno de Luis Arce a través de YLB.
Pese a la evolución en el tratamiento de otros minerales, como el hidrógeno, que reemplace el uso del litio en baterías, la pandemia del COVID-19 y las metas de transición energética ratifican al litio como una oportunidad, considerándolo un recurso estratégico, orientado hacia energías renovables sostenibles, bajas en carbono, la electromovilidad, la generación de encadenamientos locales y regionales, y la diversificación productiva, en el marco de la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030. En todo caso, pese a este escenario favorable, la falta de una política específica para los recursos evaporíticos deja en desventaja nuevamente al país.
La dependencia de las actividades extractivas en las economías de los países proveedores de materias primas, como Bolivia, obliga a establecer nuevos elementos de reflexión y debate referidos al rol de la minería y su dependencia; además, establecer el rol que queremos jugar dentro de la transición energética. En este contexto, ¿cuál es el debate sobre la minería en Bolivia?, ¿qué minería queremos en el país?
Alfredo Zaconeta Torrico es investigador del CEDLA