Manuel Morales
Los esfuerzos de las autoridades policiales y aduaneras de países vecinos -particularmente Chile y Brasil- han permitido develar la magnitud de las operaciones de tráfico de cocaína "boliviana" impregnada en madera. Este descubrimiento revela el nacimiento de un poderoso cártel del narcotráfico integrado por empresarios forestales, cuyo radio de acción abarca los departamentos de Beni, Pando, Santa Cruz y Cochabamba, aunque su centro de operaciones se asienta principalmente en Santa Cruz, consolidado como el santuario natural del narcotráfico en Bolivia (https://nuevapresencia.com/bolivia-santuario-del-narcotrafico-internacio...).
En el libro Narcotráfico Imparable. Geoestrategia, Marset, México Chico ya advertía los antecedentes de esta modalidad delictiva, documentando las "nuevas modalidades del narcotráfico hacia Chile: cocaína en madera, autoridades no identifican el origen ni a los autores del despacho".
El 25 de octubre de 2025, autoridades chilenas incautaron en Arica 700 kilos de clorhidrato de cocaína provenientes de Bolivia, oculto en un contenedor que contenía 19,5 toneladas de madera con destino final a España. 100 días después, el 4 de febrero de 2026, se allanaron las oficinas del Senasag en Santa Cruz como parte de la investigación. La Fiscalía y la Policía secuestraron documentación, aunque en Chile las pesquisas ya identificaban una red criminal transnacional con conexiones en Europa, Estados Unidos, China, Israel y Uruguay. Se estableció que las empresas vinculadas al cargamento habrían realizado al menos 152 envíos de madera desde Bolivia desde 2018, con España como principal destino. La empresa involucrada, Exportmader Bolivia SRL, contaba con certificado forestal de origen y resoluciones administrativas emitidas por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), lo que evidencia la penetración de estas estructuras en los controles oficiales.
Posteriormente, las autoridades chilenas incautaron 68,7 toneladas de carga impregnada con droga en el puerto de Arica, en un operativo calificado como histórico por el Gobierno de Chile. Los envíos provenían de Bolivia y tenían como destino puertos de Europa y Norteamérica. En dicha ocasión se detectaron tres cargamentos de madera y productos de caucho contaminados con clorhidrato de cocaína y ketamina. La ketamina es un sedante veterinario que busca confundir al olfato de los canes policías especializados en detectar cocaína.
El ex viceministro de Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, informó que Bolivia activó acciones investigativas desde el inicio del caso, incluyendo allanamientos, aprehensiones y el secuestro de dinero, documentación y equipos. No obstante, hasta la fecha, las autoridades del gobierno de Rodrigo Paz no han identificado a los componentes de este nuevo cártel ni han desarticulado sus estructuras operativas.
La situación adquirió dimensiones inéditas cuando las autoridades de Chile anunciaron la incautación de droga más grande de su historia: 108 toneladas de cocaína, detectadas nuevamente en tablones de madera procedentes de Bolivia. Esta práctica, que data de al menos 20 años con la repetición de las mismas rutas, ha alcanzado ahora una escala industrial. De acuerdo con las pesquisas chilenas -publicadas por Mongabay-, se realizaron 32 envíos desde Bolivia ejecutados por 15 empresas madereras. El valor total de la droga movilizada supera los 8.334 millones de dólares en los mercados internacionales, según la investigación de la Fiscalía de Arica y Parinacota, desarrollada durante seis meses en coordinación con la Policía Marítima y el Servicio Nacional de Aduanas de Chile. Dicho informe detalla la detección de 45 contenedores contaminados en los puertos de Arica, Valparaíso y San Antonio, con cargas destinadas a Europa, Norteamérica, África y el Caribe, concentradas entre enero y abril de 2026.
Se trata de una organización criminal altamente sofisticada, dotada de una logística de exportación de primer nivel, con ramificaciones en tres continentes y un misterio que la envuelve, con niveles de protección semejantes a los que gozó el narcotraficante Marset durante años. Las declaraciones de algunos funcionarios policiales y autoridades políticas del gobierno de Rodrigo Paz han mostrado una candidez extrema, llegando incluso a poner en duda los hallazgos documentados en Chile, pese a la contundencia de las pruebas.
El 11 de junio de 2026, en el aeropuerto de Viru Viru, se secuestró una tonelada de madera de roble impregnada de cocaína que tenía como destino la ciudad de Miami en un vuelo de BOA, confirmando que el modus operandi no solo se da vía marítima, sino también aérea. Finalmente, el 22 de junio de este año, las autoridades brasileñas lograron el mayor decomiso de drogas de su historia en la frontera con Bolivia. Tras las primeras revisiones a camiones con madera proveniente del país vecino, los investigadores estiman que el peso neto de la cocaína confiscada podría oscilar entre las 20 y las 50 toneladas, consolidando así un cerco regional sobre el rol de Bolivia como epicentro logístico del narcotráfico global.
El descubrimiento de esta red criminal transnacional no constituye un hecho aislado ni una serie de golpes de fortuna; es la constatación empírica de la tesis central que atraviesa el análisis de la realidad boliviana: la consolidación de un Estadonarco funcional a la economía ilícita. Mientras la economía formal se desangra en un "economicidio" marcado por el "infladecrecimiento", la actividad ilegal genera ingresos extraordinarios por más de 8.300 millones de dólares, cifra que eclipsa las magras reservas internacionales y distorsiona los precios relativos en sectores estratégicos de la economía cruceña.
La incapacidad del gobierno de Rodrigo Paz para desbaratar este cártel forestal -pese a contar con allanamientos, documentación secuestrada y la identificación de 15 empresas madereras y 45 contenedores- evidencia una parálisis institucional que trasciende la mera incompetencia. Frente a la contundencia de las incautaciones chilenas y brasileñas, el silencio administrativo y la falta de resultados operativos dentro del territorio nacional configuran una omisión que, por su magnitud, solo puede interpretarse como complicidad o captura estatal.
De cara al futuro inmediato, Bolivia no solo enfrenta una crisis económica estructural, sino una mutación geopolítica irreversible: el territorio nacional se ha convertido en un puente logístico del narcotráfico global, donde las rutas de la madera contaminada operan con mayor eficiencia y fluidez que las cadenas de suministro legales. El año 2026 y el 2027 se perfilan no solo como años de recesión económica, sino como el período en que Bolivia podría perder definitivamente el control sobre su territorio, su institucionalidad, su seguridad nacional y su futuro, a menos que se emprenda una depuración profunda del aparato estatal y una ofensiva judicial sin precedentes contra las élites empresariales que han hecho del narcotráfico su negocio más rentable.
25 de junio de 2026