La Comisión de Tierra y Territorio de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de La Paz "Tupac Katari" cuestionó la asignación de los asientos registrales de Patacamaya y Guaqui a la subregistradora de Derechos Reales (DDRR) de Achacachi, Leonor Vera C., al considerar que la funcionaria no brinda garantías de transparencia ni de seguridad jurídica debido a los procesos disciplinarios que enfrenta.

El dirigente de esa comisión, Macario Ingali, anunció que en las próximas horas harán una representación ante el Consejo de la Magistratura, en Sucre, para solicitar la revisión de esa determinación. Afirmó que constituye "un peligro" ampliar las responsabilidades de una funcionaria con antecedentes por presunta manipulación informática y otros delitos penales en la Fiscalía de La Paz.

La observación surge después de que el Consejo de la Magistratura emitiera un memorando, de fecha 23 de junio de 2026, mediante el cual, por determinación de Sala Plena del 17 de junio, dispuso que la subregistradora Vera atienda de manera itinerante los asientos registrales de Patacamaya y Guaqui, sin dejar sus funciones habituales en Achacachi.

El documento le otorga todas las atribuciones inherentes al cargo y no establece un plazo para la conclusión de esa designación, por lo que la medida permanecerá vigente hasta una nueva resolución. En fuentes de DDRR La Paz, lamentaron la preferencia habiendo otros subregistradores en varias zonas de la ciudad de La Paz.

Ingali sostuvo que esta asignación refleja una presunta complicidad de algunos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y de integrantes del Consejo de la Magistratura, entre ellos Carlos Spencer, Manuel Baptista y Gabriela Araoz, quienes, según afirmó, dieron su visto bueno a la designación pese al cúmulo de denuncias que cursan en las oficinas de Control y Fiscalización.

Recordó que la organización sindical ya había objetado la postulación de Vera C. durante el proceso de selección del subregistrador titular de Derechos Reales de El Alto, en el que también participaban María Victoria Saa y Ramiro Blanco. Según explicó, esa protesta derivó en la paralización del proceso de designación, a la espera de que la funcionaria fuera excluida de la terna.

Asimismo, señaló que antes del bloqueo de carreteras, el Consejo de la Magistratura tenía prevista una acción directa contra la oficina de la funcionaria cuestionada, la cual no llegó a concretarse. Con el restablecimiento de la transitabilidad, anunció que la comisión volverá a Sucre para exigir se cumpla esa medida preventiva y la destitución de funcionarios con procesos disciplinarios y de corrupción.

El dirigente aseguró que, en meses anteriores, la Comisión de Tierra y Territorio recibió alrededor de 150 denuncias documentadas sobre presuntas irregularidades en Derechos Reales de El Alto, entre ellas casos relacionados con el loteo de predios del Parque Industrial de Callutaca, además de otros hechos registrados en Sica Sica, Viacha y la ciudad de El Alto.

Lamentó que el Consejo de la Magistratura en La Paz no haya informado sobre eventuales sanciones contra funcionarios investigados y anunció que insistirán ante las instancias superiores para impulsar una "limpieza institucional", sustentada en las denuncias de presunta corrupción que, según dijo, permanecen sin una respuesta efectiva.