Enrique Ormachea[1]
En un escenario marcado por una gran cantidad de clubes de fútbol que pasaban por profundos desbarajustes económicos que ponían en riesgo la viabilidad del sistema del fútbol profesional europeo, la aparición de lo que se conoce como “ Fair Play Financiero” respondió también a la preocupación de la UEFA por la presencia de los denominados “nuevos ricos del fútbol”, que comenzaron a adquirir importantes clubes del viejo continente con precisos objetivos mercantiles y políticos, inyectando a los mismos ingentes recursos financieros que causaron una serie de disrupciones en el mercado de las transferencias de los jugadores y los emolumentos de los mismos.
De esta manera, varios clubes del viejo continente pasaron a manos de los denominados “oligarcas rusos”, es decir, antiguos miembros de la nomenklatura stalinista convertidos en empresarios con la desaparición de la Unión Soviética. Otros clubes pasaron a manos de grupos empresariales pertenecientes a fondos privados de inversión o fondos estatales soberanos de inversión conformados, por ejemplo, en los Emiratos Árabes Unidos o Qatar con excedentes generados por la industria petrolera. Y, naturalmente, se hicieron también con varios clubes de fútbol, empresas transnacionales y grandes inversores interesados en obtener ganancias a través de un deporte que es considerado hoy como parte de la industria del entretenimiento.
Durante la temporada europea 2004/2005 la UEFA aprobó y puso en práctica el Sistema de Licencia de Clubes, que obligaba a aquellos que participaran en las grandes competencias europeas de fútbol, es decir la Champions League y la Europa League, a cumplir una serie de normas en cinco ámbitos: deportivo, infraestructura, jurídico, financiero y de personal. Con base en esta experiencia La UEFA aprueba y pone en práctica a partir de 2011 las normas del Fair Play Financiero.
Además de la búsqueda de transparencia y la generación de información financiera que permitan tomar previsiones ante situaciones que pongan en riesgo a los clubes y a los acreedores de los mismos, el Fair Play Financiero busca que los clubes de fútbol profesional basen sus gastos en ingresos genuinos; es decir, en aquellos que provengan de la gestión de este deporte: ingresos provenientes de las entradas por el día del partido, los ingresos por derechos de televisión , e ingresos provenientes del mercadeo que incluye la transferencia de jugadores. Se trata de evitar, por tanto, que los “nuevos ricos del fútbol”, ávidos de logros deportivos, económicos y/o políticos inmediatos, terminen causando una serie de disrupciones con la introducción de recursos ajenos a las tres fuentes mencionadas. Debe señalarse que el control que realiza la UEFA se aplica a gastos relativos al fútbol profesional y no se aplica a recursos orientados a promover las divisiones inferiores, el fútbol femenino o infraestructura deportiva.
La aplicación del Fair Play Financiero no ha sido fácil pues, por ejemplo, tanto el Manchester City de propiedad del City Football Group - en el que aparece el club Bolívar como “partner club” – y que pertenece al Abu Dhabi United Group, como el Paris Saint Germain (PSG) que es propiedad del Fondo Soberano de Inversión Qhatarí (Qhatar Investment Authoriy), han sido investigados por altas sospechas de vulneración de las normas del Fair Play Financiero. La Premier Leage acaba de acusar al Manchester City por burlar reglas de financiamiento durante nueve temporadas (2009/10 a 2017/18), situación que de comprobarse por parte de una instancia independiente, le podría significar multas, pérdidas de puntos y hasta su expulsión de la Premier League.
Este tipo de hechos está llevando a la UEFA a plantear la necesidad de aprobar una nueva norma Fair Play Financiero con mayores controles y orientada a fijar un “techo salarial” a los clubes; es decir, a que éstos destinen sólo el 70% de sus ingresos genuinos al pago de salarios de jugadores, cuerpos técnicos y comisiones de agentes a partir de la temporada 2025-2026. Definitivamente, la presencia de grandes inversores en los clubes de fútbol - que representan millonarios modelos de negocios y no la esencia de este deporte - puede llevar a distorsionarlo y a profundizar mayores desigualdades entre los clubes, que irán en detrimento de unas ligas más competitivas.
Y, en Bolivia, ¿cómo andamos?
Para nadie es desconocida la profunda crisis por la que atraviesa el fútbol boliviano y, en particular, el fútbol profesional. Esta crisis, en lo fundamental, es el resultado de una marcada ausencia de institucionalidad en los clubes y asociaciones. Desde ya, ésta supone el ejercicio de gestiones con base al estricto cumplimiento de estatutos y normas, el ejercicio de prácticas relativas a la planificación estratégica, la elaboración de planes operativos y presupuestos que deben ser aprobados por las instancias de gobierno, así como el ejercicio de la cultura de la rendición de cuentas, entre las principales. Nada de esto es posible advertir en el escenario nacional. Así, el manejo arbitrario de los clubes -que dicho sea de paso en algunos casos han sido perforados por intereses obscuros ajenos a sus fines - está llevando a varios de ellos, a situaciones insalvables. Los casos de Real Potosí, San José y el más reciente de Wilstermann, son suficientes para entender que el fútbol profesional boliviano debe cambiar.
Sin embargo, vivimos en un país donde el cumplimiento de las normas es prácticamente inexistente. Y el fútbol no escapa a esta cultura que se ha expandido a una gran parte de las instituciones en los últimos años.
Como se recordará, hace ya un buen tiempo, la Federación Boliviana de Fútbol presentó con bombos y platillos la norma sobre licencias de clubes, que en su momento fue exigida por la CONMEBOL. Lo que ha acontecido con los clubes antes mencionados, implica que tal norma nunca se cumplió pues, según la misma, los clubes están obligados a presentar -entre otros aspectos- balances auditados de sus gestiones financieras, como requisito para la renovación de dicha licencia. Esta omisión, obedece a que en la estructura institucional del fútbol boliviano se ha instaurado, como forma de gestión, la negociación, los “arreglos”, en lugar del cumplimiento de estatutos, normas y de reglamentos de campeonatos. Y de persistir esta cultura, no habrá licencia de clubes ni norma Fair Play Financiero que se cumpla.
Pese a ello y en la perspectiva de promover cambios importantes para el fútbol boliviano, no sólo será importante que la actual gestión de la Federación Boliviana de Fútbol ponga en práctica la licencia de clubes, sino también la elaboración, aprobación y aplicación de una norma Fair Play Financiero.
No puede ocultarse el hecho que los gastos de todos los clubes de la división profesional no tienen relación alguna con los ingresos que logran obtener. Sólo una clasificación a fase de grupos de la Copa Libertadores de América es capaz de generar ingresos temporales importantes.
El hecho -puesto en la agenda mediática como positivo – de que el importante déficit acumulado de BAISA S.R.L. por el gerenciamiento del club Bolívar no le afecta a éste pues es “absorbido” por esta empresa, no es sinónimo de buena salud financiera. Al contrario, implica que los ingresos genuinos provenientes del fútbol no le alcanzan para cubrir unos costos sumamente elevados que, además, vienen desde hace mucho tiempo inflacionando el fútbol profesional boliviano, pues los clubes se ven obligados a competir con recursos que provienen por fuera del fútbol. Se trata, ni duda cabe, de una competencia desleal. Pero también abre serias interrogantes acerca de los supuestos manejos administrativos eficientes de clubes de fútbol privatizados de manera temporal o permanente.
En este sentido, el Fair Play Financiero en el caso boliviano, no sólo debe velar por un manejo económico transparente por parte de los clubes. Debe también ayudar a prevenir desastres financieros y a evitar, reiteramos, disrupciones por la inyección de recursos no genuinos. El Fair Play Financiero en el caso boliviano, debe también incorporar el concepto de “tope salarial”, práctica que, por ejemplo, es aplicada por la Liga Mayor de Fútbol de EEUU, la que también pretende ser aplicada por la UEFA. Definitivamente, una norma con estas características, coadyuvaría a frenar la inflación del fútbol profesional boliviano y a tener una liga más competitiva.
Es muy posible que muchos lectores sostengan que el fútbol boliviano debe seguir aún funcionando con la introducción de recursos ajenos al fútbol, pues los recursos genuinos del mismo no son relevantes. En contraposición a ello, lo que se debe plantear es que la gestión de los clubes de fútbol debe modernizarse para incrementar recursos genuinos. Y para ello, como sostenemos en este artículo, debe fortalecerse la institucionalidad de los mismos, planteamiento que no debe confundirse con su privatización.
La Paz, abril de 2023
[1] Investigador del Centro de Estudios sobre Sociedad y Deporte (CESODEP)