Manuel Morales Alvarez
Los bonos de carbono son enunciados como propuestas electorales por algunos candidatos presidenciales, incluso fundaciones, sin conocer bien de qué se trata, con la intención -un poco ingenua- de generar divisas para el próximo gobierno y con ello cubrir las grandes ausencias programáticas que tienen respecto a cómo piensan encarar el tema de los bosques y-asimismo- el financiamiento de medidas económicas que posiblemente vayan a implementar si llegan a ser gobierno. En otras palabras demagogia pura.
De otra parte, el gobierno ecocida de Luis Arce, cocina normas y busca financiamientos mediante bonos de carbono, a la par de desarrollar la mayor emisión de carbono de nuestra historia con la quema de más de 12.6 millones de hectáreas de bosques el 2024. Esta contradicción, por supuesto que marca su perfil económico, ambiental y político.
Anteriormente publique dos artículos de opinión donde explico –en el primero- cómo el gobierno ecocida de Luis Arce construyó la ingeniería para monetizar el financiamiento del cambio climático mediante bonos de carbono, con el título de “Arce lucra nuestro capital natural por 5 mil millones de dólares” (https://erbol.com.bo/opinion/arce-lucra-nuestro-capital-natural-por-5-mil-millones-de-dólares) y en el segundo artículo con el título “Bonos de carbonos ¿pueden ser una oferta electoral?” (https://erbol.com.bo/opinion/bonos-de-carbonos-¿pueden-ser-una-oferta-electoral), donde brindó información acerca de los siguientes hechos:
- El gobierno de Arce logró la Sentencia Constitucional Plurinacional 0040/2024, de 19 de junio de 2024 que habilita los bonos de carbono en contra de la Ley 300 y la CPE.
- El gobierno ecocida de Arce aprueba el Decreto Supremo Nº 5264 para monopolizar las fuentes de financiamiento climático, el 30 octubre 2024, es decir, todo pasa por manos del gobierno en materia de monetización por bonos de carbono.
- Arce inicia negociaciones y adelanta un convenio con Laconic Infrastructure Partners, para cobrar bonos de Carbono en EEUU por un monto de 5.000 millones de dólares el 14 de noviembre de 2024, situación futura y sobre la cual no se conoce información adicional. Dicho borrador de contrato tendría que ser presentado al legislativo para su consideración.
- En la Ley Nº 1613 de Presupuesto General del Estado Gestión 2025 establece Operaciones en Mercados de Carbono, el 1 enero 2025, con lo cual culmina el marco normativo para operacionalizar esta forma de crédito de carbono.
El 11 de noviembre de 2024, Rodrigo Paz Pereira plantea “bonos de carbono para descentralizar recursos a las regiones”, estima que “con 20 millones de hectáreas en Bonos de Carbono hasta 2030, el Estado boliviano podría percibir entre $us 30.000 y $us 35.000 millones; de los cuales, Santa Cruz percibiría entre $us 750 mil y $us 1.000 millones por año”. Un cálculo sin respaldo alguno.
Manfred Reyes Villa, el seis de julio de 2025 en su intervención durante el debate televisado entre candidatos mezcla bonos de carbono con economía naranja, indicando lo siguiente: "Con la emisión de bonos de carbono, bonos verdes, mantener el equilibrio. Una economía que cuide el ecosistema es lo más importante. No entiendo por qué en la situación económica en la que estamos, podía haber hecho emisión de bonos de carbono de toda la Amazonía y podíamos haber logrado una economía fundamental para Bolivia”. Como otros actores, el candidato no sabe qué cubre un bono de carbono, quién lo cobra, en qué instancia o mercado internacional, cuánto y cuándo se beneficiará realmente el Estado boliviano o los pueblos indígenas, si este mercado es legal y viable para un país como Bolivia.
El 22 de julio de 2025, el candidato vicepresidencial de la ADN, Víctor Hugo Núñez del Prado, apoya la venta de bonos de carbono, y en el programa “La Mesa de los HDP”, sostiene quelas personas particulares cobran bonos de carbono “por reforestar” y que el gobierno se ha opuesto y prohibido a que por reforestación de pequeñas extensiones de tierras, los privados pudieran vender dichos bonos.
En abril de 2025, la Fundación Milenio, publicó el “Plan del Bicentenario para vencer la crisis y construir el futuro”, donde plantean que Bolivia puede y debe integrarse a los mercados de bonos de carbono (Cap and trade), tanto regulados como voluntarios, con reglas claras y transparentes. Dice la Fundación, que el beneficio de hacerlo es evidente. Además de que esta es una práctica que ayuda al cuidado de los bosques, como “lo prueba la experiencia internacional, emitir bonos de carbono es una forma efectiva de captar inversiones verdes interesadas en la preservación de las áreas forestales y la reducción de las emisiones de carbono”. En su cálculo, Milenio sostiene que para participar en este mercado, supone la posibilidad de captar inversiones del orden de los USD 200 millones, en un período de 5 años, protegiendo alrededor de 30 millones de ha. Que en lo inmediato, será necesario instalar la oficina de registros de programas (RENAPP), como también el mecanismo de medición, reporte y verificación (MRV). Además, se requerirá definir las normas para dicho registro; promocionar internacionalmente, entre empresas y gobiernos, el potencial de Bolivia “como oferente de carbono”; ajustar el decreto 5264 de 2024, que norma las compras y ventas de los créditos de carbono entre Estados”.
Finalmente, se debe mencionar el caso de Robin Óscar Justiniano candidato a diputado por Santa Cruz de la Alianza Popular de Andrónico Rodríguez, el mismo que plantea: “Bolivia necesita convertir sus bosques en soberanía financiera”. Es abogado constitucionalista y exjefe jurídico de la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) y autor del libro “Sostenibilidad y Finanzas Verdes en Bolivia”. Sostiene que un sistema bien implementado puede generar entre 200 y 400 millones de dólares anuales en una primera etapa. Esta propuesta del candidato plurinacional de Alianza Popular fue publicada el 18 de julio de 2025.
Sin embargo, Robin Oscar Justiniano Merubia, cuenta con antecedentes de narcotráfico desde el 2010, es candidato en “franja de seguridad” como diputado plurinominal titular. Sus antecedentes de narcotráfico se remontan a 2010, en Santa Cruz, en 2011, en Cochabamba, y en 2019, nuevamente en Santa Cruz. En la capital cruceña es conocido como un abogado defensor de personas procesadas por narcotráfico. En 2015, Justiniano asumió la defensa legal de un coronel de la Policía que fue encontrado con 40 kilos de cocaína en su domicilio; también solía ser visto con frecuencia organizando las ruedas de prensa del coronel Medina involucrado en narcotráfico en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen. En 2019, Justiniano fue vinculado con el narcotraficante Pedro Montenegro, con quien aparecieron en una fotografía juntos en un yate en Cartagena, Colombia. El abogado fue investigado por los delitos de encubrimiento, asociación delictuosa y confabulación vinculados a la Ley Nº 1008.Al parecer, el caso no prosperó contra Justiniano, porque el 5 de enero del 2024 asumía como Jefe Nacional de Asuntos Judiciales y Administrativos de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT). Según su última declaración jurada del 12 de marzo de este año, seguía en la misma institución (ANF).
En resumen, los distintos candidatos tienen información diferente sobre los bonos de carbono y las proponen demagógicamente de acuerdo a su propia visión y expectativas, en sus cálculos especulan con posibles escenarios e ingresos, que en la práctica no se van a dar porque no son gobierno y no tienen capacidades para incursionar exitosamente en el mercado internacional de los intermediarios financieros transnacionales.
El gobierno ecocida de Luis Arce, ya de salida, no podrá adquirir los dólares de esta iniciativa, por su mismo carácter criminal contra la naturaleza. El resto de las iniciativas están en el aire, dando vueltas.
En criterio personal, consideró que los bonos de carbono son una estafa internacional para políticos ingenuos y desesperados. Hay otras alternativas para proteger nuestros bosques y obtener beneficios de ellos, que serán objeto de exposición en otra oportunidad.
24 de julio de 2025