Por Ernesto Rude - Politólogo
El término anglosajón accountability traducido como “rendición de cuentas” es un proceso que se practica en el sector privado y público. Las empresas privadas, finalizando el año presentan a sus asociados informes y estados financieros, respondiendo por acciones y gastos realizados según el objetivo planteado, lo que produce confianza entre directivos y asociados en base a la transparencia de las decisiones y acciones desarrolladas.
En la gestión pública y en democracia, la rendición de cuentas es más que un proceso de información a la ciudadanía. Implica “dar cuenta” de las acciones y gastos realizados en favor de contribuyentes y ciudadanía en general. Es un mecanismo que reafirma la transparencia, la confianza entre autoridades elegidas o designadas con la ciudadanía y particularmente la responsabilización por el uso de la autoridad otorgada.
Esta responsabilización se genera no solo por dar cuenta de los actos de gobierno, de acuerdo a las leyes, planes y programas políticos nacionales, departamentales y municipales, sino particularmente por los resultados logrados en lo interno y en lo externo, en función a los objetivos previstos.
En nuestro caso, la rendición de cuentas es un limitado acto de información superficial de procesos, acciones y gastos realizados entre estas autoridades y sus organizaciones clientelares, sin abordar los resultados logrados según el plan de desarrollo.
Así los ministerios y alguno que otro gobierno subnacional, convocan a organizaciones sociales afines, clientes y movimientos sociales cooptados mediante prebendas, como sedes sociales o vagonetas robadas en un país vecino que luego deben ser devueltas, pero la promesa de recompensas afirma lealtades en estos espacios de información sin una evaluación por resultados.
Estas reuniones entre afines al botín político, son para el grato ejercicio de la participación ciudadana y toma de decisiones. Concluyendo la gestión, se reúnen más placenteramente para la rendición de cuentas, en la que todo va bien tanto en lo interno como en lo externo. Lo malo de estas dinámicas es que estás acciones decididas y luego aprobadas por unos pocos, no incluye a la ciudadanía contribuyente y que es afectada por estas acciones.
Resultando así la rendición de cuentas en un desvirtuado proceso de comité partidista, esto por la exclusión de muchos como por la falta de valoración de resultados y avanceslogrados. Esto nos lleva a la Agenda Patriótica 2025, el plan marco del desarrollo plurinacional. Esta agenda apostó por un Estado que promueva “los tiempos del equilibrio…más democrático, sin discriminación, sin racismo, sin odios…” con 13 pilares para cumplir hasta el año del bicentenario.
Por ejemplo, Pilar 1. Erradicación de la pobreza extrema. En un contexto en que el empleo informal de baja remuneración y baja productividad representa el 75%-85% de la economía nacional, ¿con estas condiciones es posible salir de la pobreza?
Pilar 4. Soberanía científica y tecnológica con identidad propia. Mario Galindo indicó que en 2019 el gobierno nacional en este campo gastó la cifra de 0,16% del Producto Interno Bruto, ¿contamos ahora con más innovaciones y descubrimientos tecnológicos propios?
Pilar 5. Soberanía comunitaria financiera sin servilismo al capitalismo financiero. A diario se tiene el reiterado reclamo del ejecutivo a la asamblea plurinacional por la aprobación de créditos del Banco Mundial, del fondo de pensiones local, entre otros prestatarios, ¿cuáles son los resultados alcanzados con estos millonarios préstamos internos y externos?
Pilar 9. Soberanía ambiental con desarrollo integral, respetando los derechos de la Madre Tierra. Estimado/a lector/a recuerde los último seis años seguidos de quemas provocadas en el país afectando alrededor de 30 millones de hectáreas, bosques, áreas protegidas, ecosistemas naturales, medio amiente y cientos o miles de familias ¿nos llevó esto al desarrollo integral?
El gobierno nacional, sus afines y el movimiento popular oficialista deben reconocer que la simplificada rendición de cuentas gubernamental que se aplica, no promueve transparencia, ni confianza, ni responsabilización de estas acciones y por el contrario legitima la corrupción y la impunidad de las autoridades que provocaron el deterioro del estado actual social, económico y político del país.