Tomy Pérez Alcoreza
Las elecciones generales de 2025 no solo marcarán el rumbo político de Bolivia para los próximos cinco años, sino que ya han comenzado a erosionar la confianza ciudadana en la integridad del proceso democrático. Lejos de representar una oportunidad para renovar liderazgos y fortalecer las instituciones, el escenario preelectoral se ha convertido en una tormenta judicial marcada por decisiones polémicas y una preocupante instrumentalización de la justicia.
Las sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), si aún merecen ese nombre, han abierto la puerta para que senadores, diputados y alcaldes actualmente en funciones –autoridades que juraron defender la Constitución Política del Estado (CPE)– puedan postularse a nuevos cargos sin haber renunciado previamente, burlando abiertamente lo que establece la norma suprema del país. Esta distorsión jurídica no solo viola el texto constitucional, sino que también traiciona su espíritu, el cual exige coherencia ética y respeto a las reglas del juego democrático.
La Constitución es clara y contundente. Su Artículo 238 establece que quienes ocupan cargos públicos electivos o de libre nombramiento no pueden postularse a otros cargos sin renunciar al menos tres meses antes del día de la elección, salvo el Presidente y Vicepresidente. Asimismo, el Artículo 285 exige una residencia permanente de al menos dos años en el lugar al que se postula para cargos ejecutivos en gobiernos autónomos. Estas disposiciones no son sugerencias ni recomendaciones; son obligaciones legales que garantizan la equidad, la transparencia y el compromiso con el servicio público.
Pero hoy, con asombro y decepción, la ciudadanía observa cómo estas reglas son ignoradas por quienes deberían ser su principal ejemplo. Muchos asambleístas, sin el menor rubor y carentes de principios, utilizan los fallos del TCP como salvoconductos para validar sus aspiraciones políticas, traicionando el espíritu de la Constitución. Y como si eso fuera poco, lo hacen postulando por otras organizaciones políticas distintas a las que los llevaron al poder, incurriendo así en transfugio político, una práctica expresamente sancionada por la Ley Nº 1096 de Organizaciones Políticas.
Peor aún, se han detectado casos en los que autoridades municipales accedieron a sus cargos sin cumplir el requisito de residencia establecido por la CPE, protegidos también por fallos judiciales complacientes. Este tipo de situaciones no solo vulnera la legalidad, sino que dinamita la confianza ciudadana y alimenta un sentimiento de impunidad que corroe los cimientos de la democracia.
¿Con qué autoridad moral pueden estos candidatos prometer respeto a la Constitución cuando en la práctica son los primeros en violarla? ¿Cómo pueden hablar de ética, de compromiso, de futuro, si su propia postulación es fruto de la manipulación y el acomodo legal? No basta con repetir discursos grandilocuentes sobre la patria y la renovación; es necesario demostrarlo con hechos, y el primer hecho debería ser el cumplimiento irrestricto de la ley.
La ciudadanía merece respeto. Bolivia no puede seguir siendo rehén de una clase política que acomoda las normas a su conveniencia. Es momento de que el pueblo exija coherencia, honestidad y principios. No se puede construir una democracia sólida sobre cimientos frágiles de conveniencia y cálculo político.
El pueblo boliviano está cansado de promesas que se rompen antes de comenzar, de discursos que se contradicen con las acciones, de autoridades que ven en la ley una barrera que hay que evadir. Si las elecciones de 2025 quieren marcar un verdadero punto de inflexión, deben comenzar con el respeto a la Constitución. Solo así se podrá restaurar la fe en las instituciones y en quienes aspiran a dirigirlas.
Porque la Constitución no puede seguir siendo un papel que se levanta en campaña y se pisa en la práctica. Y porque la ética pública no es un adorno para discursos, sino una obligación moral con el país.