Manuel Morales Alvarez
El Referendo Constitucional que Luis Arce promovió para preguntar a los bolivianos si estaban de acuerdo para levantar la subvención a los carburantes fue un fracaso estrepitoso. Si bien habían dos o tres preguntas más, tuve la oportunidad de señalar que ese referendo no se realizaría porque el gobierno del MAS, en los hechos, ya estaba autorizando la importación de diésel a favor de privados. Resulta, que el cuatro de septiembre de 2024, el gobierno emite el Decreto Supremo N° 5218 que autoriza a más de 50 empresas la importación de diésel -en tiempo breve- para actividades mineras y para empresas dedicadas al agronegocio. Este proceso está en marcha.
Sin embargo, me llama la atención el pronunciamiento de la Cámara Agropecuaria del Oriente CAO que dice que el Decreto Supremo “solo beneficia ‘a unas cuantas empresas’”, como si el aprovisionamiento de diésel para actividades productivas por cuenta propia y a precio internacional tuviese algún beneficio. En realidad, los privados que están dando este paso lo hacen para no cerrar o perjudicar sus operaciones y han tomado la decisión de no beneficiarse de la subvención en un país donde YPFB no garantiza el aprovisionamiento de estos productos.
Cada día se consume en Bolivia 13 millones diarios de combustibles: 7 millones de litros de diésel y 6 millones de litros de gasolina, del primero se importa el 70% y del segundo el 50%. Al año, se consume 2.500 millones de litros de diésel y 2.100 millones de litros de gasolina y YPFB compra al sector cañero 180 millones de litros de etanol para la mezcla con gasolina, es decir, un 8.5%, con lo cual no logra resolver el déficit entre producción e importación de gasolina. El gobierno compra etanol en bajas cantidades desde el año 2018, 40 millones de litros anuales y espera incrementar la compra hasta 250 millones de litros anuales en los siguientes años.
En el caso del diésel, el aceite para la mezcla no ha sido demandado por YPFB en cantidades importantes al sector privado, por lo que aún no se utiliza este agrocombustible. YPFB tampoco está produciendo “biodiesel” a partir de aceites vegetales ni aceite vegetal hidrogenado con la planta HVO que fue tan publicitada por Luis Arce. En todos estos emprendimientos el gobierno ha invertido millones de bolivianos sin resultados concretos.
En ningún caso, se puede afirmar que la producción de etanol o aceite para mezclar con el diésel sea “amigable con el medio ambiente”, por el contrario, se deja de utilizar tierras para producir alimentos, como el tema del trigo y Bolivia se ve obligado a incrementar la importación de harina y grano de trigo para abastecer el mercado interno, en una cantidad mayor al 75% -y probablemente hasta el 80% de las necesidades nacionales-. Por ello mismo, el gobierno de Luis Arce se vio en la necesidad de aprobar el Decreto Supremo N° 5195, que difiere “el Gravamen Arancelario a cero por ciento (0%) hasta el 31 de diciembre de 2024, para la importación de trigo y harina de trigo”.
Si el país hubiera tenido una política hidrocarburífera inteligente, probablemente no tendríamos el dilema de destinar las mejores tierras de Bolivia (norte integrado de Santa Cruz) para producir agrocombustibles, es decir, sorgo y caña de azúcar para el etanol anhidro y soya para la mezcla de diésel con aceites vegetales. Y si el país tuviera una política agraria inteligente, probablemente seriamos una potencia en la producción y exportación de alimentos de cuna andina, chaqueña y amazónica. Pero no es así.
A no dudarlo, las mejores tierras del país se dedican a producir soya, sorgo, caña de azúcar, que terminan en el estómago de cerdos, vacas y pollos como alimento balanceado o forraje, como bagazo para ser quemado y producir energía eléctrica. En segundo lugar, como política pública, se busca que estos productos agrícolas terminen en los tanques de los automotores y de la maquinaria agrícola. En tercer lugar, que una parte de esta producción se destine a llenar los azucareros de los hogares bolivianos o terminen en los sartenes y freidoras para hacer pollo frito o salchipapas.
Es cierto que el sector empresarial vinculado al agronegocio logra ingresos importantes por esta actividad agrícola y la exportación de semilla, aceitesy torta de soya, así como azúcar.La actividad agrícola en Santa Cruz demanda una cantidad significativa de diésel, de diésel subvencionado, sobre todo por el uso de maquinaria para cosechar, trillar, preparar suelos, sembrar. La subvención a los combustibles no viene desde el gobierno de Evo Morales (quien el 2010 dicto un gasolinazo que fue revertido en pocos días) sino desde principios del año 2000.
Ahora bien, en el país estarán dadas las condiciones para que el sector que busca incrementar sus ingresos con la producción masiva de agrocombustibles, ¿pueda dejar de lado el diésel subvencionado para importar este insumo a precio de costo internacional? Aparentemente la CAO ha dicho que no.
El Presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz CAINCO, expresó su preocupación por la falta de acciones concretas y viables por parte del Gobierno, enfatizando la necesidad urgente de liberar la importación y comercialización de combustible para el uso productivo y para el acceso de la población. Esta es otra posición, que demanda la libre importación y venta de diésel y gasolina, una solicitudque conllevaría lo siguiente: privados importan combustibles y tendría que almacenarlos en tanques inmensos (infraestructura que no tienen); tendrían que contar con cisternas propias y surtidores para la venta al detalle; su comercialización sería con un margen de ganancia, es decir se vendería a precio igual o mayor que el internacional; los compradores no se beneficiarían de la subvención e incrementarían sus costos a sus productos o servicios incrementando los precios del transporte y las mercaderías.
El gobierno tendría que asegurarse que los privados no desviarían la gasolina a fines ilegales, ya que es un precursor para la fabricación de cocaína.
Y finalmente, la pregunta de oro: ¿si los privados importarían gasolina y diésel en cantidades suficientes qué sentido tendría producir agrocombustibles?
12 de noviembre de 2024