La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) denunció ante la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), las acciones del Gobierno boliviano que según ellos derivaron en los incendios en tierras bajas de Bolivia.

Los activistas denuncian “la legalización de los Chaqueos en Bolivia” que produjeron “daños irreparables a la gestión integral de la Chiquitanía y Amazonia Boliviana”.

Para la entidad de Derechos Humanos “la actual gestión administrativa tiene como objetivo la ampliación de la frontera agrícola y de asentamientos de personas, misma que es promovida por el Estado Plurinacional de Bolivia, causando graves e irreparables daños al medio ambiente que afectan directamente la gestión integral de todo el territorio boliviano”.

Atribuye los fuegos a las intenciones gubernamentales de avanzar en la producción de biocombustibles (etanol y biodiesel), asimismo, en la política de acceso a la tierra que autorizó el asentamiento de personas en tierras forestales viabilizando los desmostes mediante el chaqueo.

La misiva señala que “la deforestación se multiplicó sin un límite” y que al emitir las normativas no se consideró el clima de la región, siendo que las autorizaciones y flexibilizaciones para los chaqueos se dieron en una época de viento que hace más factible la posibilidad de aparición de desastres naturales, siendo irresponsable el Estado, al autorizar estas prácticas, sin contar con los mecanismos, para responder de manera oportuna y efectiva en caso de aparición de estos desastres.

Apunta que el 8 de agosto se dio la primera alerta de un incendio no controlado que no tuvo una respuesta, hasta después que hubiera afectado medio millón de hectáreas de. Bosque. Denuncia asimismo que el incendio tuvo una duración de más de 20 días, recién fue atendido por el Gobierno después del 19 de agosto”, no teniendo una respuesta oportuna para controlarlo.

Por dichas razones, la APDHB solicita el compromiso por parte del Estado de aceptar la solicitud de Instituciones como el Colegio de Biólogos de Bolivia, de declarar tierras de inmovilización o pausa ecológica a las hectáreas afectadas, elaborando un programa de protección a los Bosques Secos Chiquitanos que permita contribuir a la recuperación de la biodiversidad, sin que estas sean usadas para otros fines, respetando las capacidades de regeneración de los componentes de la zona.

Pide de igual modo, la derogación de las leyes que van contra la protección del medio ambiente y revisión de las mismas, como responsables ejecutivos de la elaboración, e instan al Gobierno a revisar el modelo de producción productiva que viene desarrollando, que ha debilitado la racionalidad de los planes de uso de suelo, precautelando con prioridad las funciones ambientales que tienen los bosques para respetar las potencialidades del ecosistema.

También solicita a las instituciones gubernamentales ejercer el control para la protección integral del territorio, revisando el modelo de autorizaciones para el asentamiento de personas, los Planes Locales de Uso de Suelo (PLUS) que vienen ejecutando y urgen solicitar al gobierno responda cuáles serán las medidas que asumirá para ayudar a la reforestación del más de un millón hectáreas afectadas y como ayudara a la recuperación de la biodiversidad que ha sobrevivido al desastre.