El abogado y representante de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, calificó de “irregular, ilegal y arbitraria” la actuación del fiscal Samuel Lima, quien pretende activar una investigación contra la exgerente de PAT, Ximena Valdivia, por presunta legitimación de ganancias ilícitas en depósitos que se realizó a la empresa de televisión entre 2002 y 2003.

Los depósitos investigados corresponden al periodo en que Carlos Mesa, ahora candidato de CC, era propietario de PAT. Según el fiscal Lima, habría indicios de legitimación de ganancias ilícitas, porque no se podría demostrar el origen del dinero depositado entonces, que suma más de 800 mil dólares.

El abogado Alarcón, que patrocina a Valdivia, afirmó que no se puede iniciar una investigación penal sobre prueba que fue obtenida ilegalmente. Aseveró que los documentos de los depósitos son del ámbito privado, pero fueron difundidos de manera delictiva por el ciudadano Emilio Martínez.   

El investigador Emilio Martínez difundió esos documentos de los depósitos con el objetivo de sustentar la tesis de que Carlos Mesa “vendió” su candidatura vicepresidencial con el MNR, a cambio de dinero para PAT.

Valdivia inició un proceso contra Martínez por revelar información reservada y contra la Directora de la Unidad de Investigaciones Financieras, Teresa Morales, por comentar esos datos con presunciones. El fiscal

Lima investiga ese caso, pero en el transcurso de sus investigaciones detectó que había indicios de presunta legitimación de ganancias ilícitas de parte de la denunciante.

Alarcón criticó que en lugar de seguir investigando el caso contra Teresa Morales y Emilio Martínez, el fiscal se esté dedicando a indagar a Valdivia, basándose en pruebas obtenidas ilegalmente. 

Denunció que en realidad lo que sucede es que existe una “confabulación” para perjudicar la candidatura de Carlos Mesa, y que en ese marco el Gobierno está envileciendo a instituciones como el Ministerio Público para usarlas políticamente.

Aseguró que la actividad de PAT en ese periodo fue completamente legal y regular, pero además, en el caso de que el fiscal persista con la indagación, se trataría un hecho ocurrido hace 16 años por cual está prescrito y ya no su puede llevar a proceso.