Gracias a su denuncia se logró uno de los mayores golpes al contrabando en la historia del país, sin embargo, a pesar de que debía ser premiada, lo único que consiguió la denunciante es que su vida se derrumbe: perdió a su familia, ya no ve a sus hijos, vive amenazada, clandestina con miedo de decir nombre y sin el apoyo de autoridades. Murió en vida. Todo ese sufrimiento por hacer lo correcto.

El vía crucis de la mujer (de quien reservamos su identidad) comenzó en 2014. Ella denunció un gran esquema de contrabando de llantas, con la esperanza de que recibiría el 20% que la Aduana ofreció a quienes ayuden a dar datos mercadería ilegal. Las autoridades, entonces, realizaron un megaoperativo en cuatro departamentos, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro y La Paz, y logró incautar productos por un valor de unos 20 millones de dólares.

La mujer aún no recibió nada y, para peor, se reveló su identidad y culpa a la Aduana. Dijo que esa institución era la única que sabía de su nombre porque tenía el formulario, que debía ser reservado, donde puso sus datos, incluso su teléfono.

El dueño del contrabando y sus allegados la identificaron y empezaron a amenazarla. Le decían que la harían desaparecer a ella y a toda su familia. Ella entonces estaba casada, tenía a su esposo y vivía también con sus hijos que esa tenían seis y ocho años.

La presión fue tan grande que tuvo problemas con su esposo y se vio obligada a irse de su casa. Dijo que su esposo la echó diciéndole "que te maten a vos, no a tus hijos". Los niños se fueron con su papá y ella quedó sola, aún con miedo por su vida. 

Pasa años deambulando. Tiene medio de decir su nombre, de identificarse cuando entra a un alojamiento, se debe tapar el rostro y hasta mentir para que no la ubiquen. 

También la mujer debe cambiar de número de celular constantemente, porque sigue recibiendo amenazas del sujeto a quien denunció Wilford C., a quien las autoridades aún no han logrado capturar a pesar de que -según la denunciante- sería el contrabandista más grande que ha visto el país.

“He perdido todo, me han dado muerte civil”, dijo entre lágrimas.

Contó que ya se presentó en la Aduana para pedir la recompensa, con la esperanza de que así no perdería a su familia, pero le respondieron que se debe terminar el proceso respecto al contrabando para pagarle. Ya van cinco años desde el operativo y nada.

La mujer pide que la Aduana le pague esa recompensa que ofreció a quienes denunciaron el contrabando. Con ese dinero, buscará recuperar a sus hijos e irse lejos, para tenerlos con ella. 

“¿Cuántos días más voy a pasar sin mis hijos? ¿Cuántos días de la Madre no voy a estar al lado de ellos? Cuántas navidades más ya he pasado sin mis hijos”, lamentó en sollozos.

Ella pide protección. Confesó que le dolió que la presidenta de Aduana, Marlene Ardaya, haya dicho que no conoce su caso, cuando tiene documentos firmados por ella respecto a su situación. 
Ahora presentó una carta dirigida al presidente Evo Morales pidiéndole que se solucione. Lamentó que hasta ahora el Gobierno no cumplió en su caso con ese principio de proteger a la mujer.