Manuel Morales Alvarez
El lunes 9 de septiembre de 2025, el Tribunal Agroambiental desarrollo una audiencia para dirimir una demanda presentada por un grupo de ambientalistas en contra del Gobierno y del agronegocio, acerca de la problemática de los incendios.
Resoluciones más relevantes del Tribunal Agroambiental fueron las siguientes:
- Cumplimiento inmediato, en un plazo de 48 horas, de las medidas cautelares bajo prevención.
- La Asamblea Legislativa Plurinacional debe revisar, analizar y armonizar la normativa vigente, en particular las denominadas leyes incendiarias.
- Los defensores ambientales deben asumir un rol protagónico en la conservación y mitigación, garantizando la efectividad de dichas medidas.
- Se deben establecer garantías específicas para defensoras ambientales.
- Se obliga al Estado a asegurar a los bomberos todos los recursos y condiciones necesarios para enfrentar los incendios.
Como se observa, la institución judicial de mayor jerarquía en materia agraria y ambiental emite una disposición histórica, pero además adelanta algunos procedimientos para que la misma se cumpla. A esta conducta se le denomina el “juez activista” que no contempla pasivamente su resolución sino busca activamente hacerla realidad.
En declaración de Richard Christian Méndez presidente del Tribunal Agroambiental, recordó que ya en una primera oportunidad, el 29 de agosto, se emitió una resolución cautelar solicitando información al nivel central del Estado respecto a las acciones pre incendios y pos incendios; y ante la falta de respuesta, se conminó al Gobierno y a las entidades territoriales autónomas a que en 48 horas envíen la información oficial requerida, bajo advertencia de remitir obrados al Ministerio Público para el inicio de procesos penales si hay un nuevo incumplimiento a resoluciones judiciales (Correo del Sur. https://correodelsur.com/seguridad/20250909/tribunal-agroambiental-orden...).
Otras determinaciones pasan por que el Estado dote de condiciones a bomberos voluntarios y proteja a defensores ambientales.
Bueno, resulta, que la elección de magistrados por voto popular no es tan mala como algunos políticos antidemocráticos nos quieren hacer creer. Por ejemplo el candidato Tuto Quiroga cuando se refiere a la reforma de la justicia anuncia “anular la elección por voto ciudadano de los Magistrados del Órgano Judicial. Entonces, los nuevos magistrados, especialmente del Tribunal Agroambiental, están reivindicándose y revirtiendo esa nefasta gestión de autoridades judiciales electas de manera deficiente el año 2011 y 2017. Digo deficientemente, porque el voto nulo y blanco fue mayor al 60% del electorado. Esta falta es una afrenta a la democracia y es una violación a los derechos políticos y electorales de un segmento mayoritario de las personas inscritas en el padrón electoral.
En consecuencia, debe convocarse a las elecciones judiciales lo antes posible para expulsar del Órgano Judicial a los magistrados autoprorrogados que ejercen cargos al margen e la Ley y de la Constitución Política del Estado.
Considero que el cambio de actitud de los magistrados del Tribunal Agroambiental nace de la remoción de los viejos magistrados, todos ellos mediante el voto ciudadano en las elecciones judiciales de este 15 de diciembre de 2024. Sin embargo, se debe lamentar, que dicho proceso electoral fuera parcial y que todavía el 56% del padrón electoral no ha elegido a los 5 magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, correspondientes a los Departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz, Cochabamaba y Tarija.
Con la elección definitiva de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, recién tendremos una nueva justicia para defender los derechos humanos, pero también los derechos de la naturaleza.
11 de septiembre de 2025