Iván Ramos - Periodismo que Cuenta

La viabilidad municipal en Bolivia está en entredicho. Un estudio de la Fundación Jubileo, con base en los datos del Censo de Población y Vivienda 2022 del Instituto Nacional de Estadística (INE), revela que de los 343 municipios del país, al menos 250 no alcanzan las condiciones mínimas para sostenerse.

El analista económico de Jubileo, René Martínez, explicó que el mapa municipal boliviano quedó “atomizado” desde la aplicación de la Ley de Participación Popular en los años noventa, sin un criterio demográfico sostenible. “El umbral poblacional para un municipio viable se sitúa en 23.000 habitantes, pero apenas 77 municipios lo cumplen. El resto no cuenta con población suficiente ni con base económica para sostener su aparato institucional”, señaló.

La situación se refleja en cifras críticas: en ocho de los nueve departamentos existen 75 municipios con menos de 5.000 habitantes. De ellos, 11 tienen menos de 1.000 pobladores. El caso más extremo está en Oruro, donde el municipio de La Rivera alberga apenas 381 personas, según el censo.

El planificador Juan Meléndres advirtió que los municipios pequeños no logran cubrir los costos de funcionamiento de sus alcaldías, concejos y plantas burocráticas. “Tampoco tienen recursos para generar contrapartes en proyectos de inversión. Eso significa que ni siquiera pueden garantizar servicios básicos como el desayuno escolar, sistemas de riego o el mantenimiento de plazas y calles”, explicó.

El proceso de migración del campo a las ciudades ha profundizado la crisis de viabilidad. Las localidades rurales pierden población activa y, con ello, capacidad de gestión y recaudación.

Aunque autoridades regionales —particularmente en Tarija— alertaron sobre una posible “desaparición” de los municipios más pequeños, los expertos descartan esa alternativa. En cambio, la propuesta técnica apunta a la fusión de municipios con menos de 5.000 habitantes, de manera que puedan agrupar población y territorio, fortalecer su recaudación propia y acceder a una mayor redistribución de recursos provenientes de la coparticipación tributaria.

“Bolivia debe iniciar un debate serio sobre el rediseño de su mapa municipal. No se trata solo de números, sino de garantizar que cada ciudadano, viva donde viva, acceda a servicios públicos básicos y a una gestión local sostenible”, concluyó Martínez.