El exgeneral Juan José Zúñiga ha solicitado, por escrito, que se le otorgue asilo en el exterior del país, porque considera que junto a su familia son víctimas de una persecución política-judicial.

“Ante la gravedad extrema de la situación y el riesgo inminente para mi vida e integridad física, así como la de mi familia, HAGO UN LLAMADO FORMAL Y URGENTE a todas las embajadas y representaciones diplomáticas presentes en Bolivia que sean respetuosas y defensoras de los derechos humanos para que consideren con MÁXIMA URGENCIA mi solicitud de asilo político y la de mi familia”, dice una carta enviada por Zúñiga a las representaciones de Derechos Humanos.

En su misiva, el exgeneral señala que existe una persecución política sistemática y coordinada que amenaza directamente su integridad física, su vida y la seguridad de su familia. “He sido acusado, estigmatizado y sometido a procesos arbitrarios”, reclama.

Denunció que se han vulnerado sus derechos en el ámbito judicial, pero además su voz se está silenciada, puesto que no se le permite ampliar su declaración dentro de las investigaciones por los hechos del 26 de junio de 2024.

Asimismo, aseveró que su familia sufre actos de hostigamiento y vigilancia.

En ese marco, el exgeneral solicitó la intervención diplomática del exterior, para que se establezca un corredor humanitario seguro que le permita a él y su familia salir del país hacia un territorio donde su vida y derechos estén garantizados.

“Esta intervención diplomática es indispensable y absolutamente URGENTE para evitar un desenlace fatal ante las claras amenazas que pesan sobre nosotros”, pidió.

Advirtió que cualquier daño físico, desaparición, detención arbitraria o muerte que pudiese sufrir o su familia deberá ser considerada responsabilidad directa del gobierno de Luis Arce Catacora y de sus operadores políticos y judiciales.

Dice que Arce confabuló

Respecto a los hechos de la asonada militar, Zúñiga aseveró que “el supuesto ‘intento de golpe de Estado’ del 26 de junio ha sido deliberadamente confabulado y tramado por el propio presidente Luis Alberto Arce Catacora como una estrategia política con dos objetivos principales”.

Según afirmó, el primer objetivo de Arce con estos hechos era “distraer al pueblo boliviano de la grave crisis económica”, mientras que el segundo era “fabricar una narrativa que permita la persecución de opositores políticos y militares patriotas bajo el pretexto de proteger la democracia”.