El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, afirmó que la cláusula de confiscación de productos de la canasta familiar que sean objeto de agio y especulación es una “normativa necesaria” para el Gobierno, ya que busca beneficiar a la población ante el incremento de precios y la escasez de productos.

Señaló que el debate en torno a la disposición transitoria séptima del Presupuesto General del Estado 2025 ha sido politizado de forma innecesaria, pues el artículo tiene como objetivo combatir una actividad ilícita que afecta el abastecimiento de productos.

Explicó que este propósito requiere de una norma con un procedimiento y un reglamento adecuados para evitar cualquier afectación al sector productivo formal.

“Existe una actividad ilícita que está perjudicando la economía de la población y hoy esta normativa se está utilizando simplemente con fines de protagonismo, porque estamos en un año electoral”, declaró en el programa Hagamos Democracia de la red Erbol.

Reiteró que el Gobierno no puede derogar ni abrogar la cláusula, ya que esa facultad le corresponde a la Asamblea Legislativa. Sin embargo, aseguró que los industriales saben que esta norma no los afecta, aunque, pese a la oferta gubernamental de establecer "candados" para brindarles seguridad jurídica, no han respondido a la propuesta.

Añadió que la medida tampoco alcanza a los comerciantes minoristas ni a los gremialistas, y que esta situación será regulada en la reglamentación correspondiente, donde se definirá el procedimiento para la incautación de productos y su destino final.

Finalmente, afirmó que estos empresarios son quienes actualmente declaran en contra del Gobierno y del modelo económico, a menos de siete meses de las elecciones, con la intención de visibilizarse y obtener beneficios. Según Silva, politizan el tema apelando a sensibilidades que pueden generar movilizaciones, como ocurre con el sector gremial, que tiene una gran capacidad de protesta cuando percibe que sus intereses están en riesgo.

Durante el Tercer Encuentro Multisectorial de la Cadena Productiva realizado en Chuquisaca el pasado 30 de enero, diversos sectores económicos ratificaron su rechazo a la disposición adicional porque esa medida afectaría gravemente la libre circulación de los productos y el funcionamiento de la cadena de abastecimiento en el país.

Como parte de las conclusiones se acordó iniciar movilizaciones a nivel nacional el 10 de febrero en protesta por la disposición mencionada. "En caso de no ser escuchados y no proceder a la derogación, realizaremos un paro movilizado nacional de 24 horas el 10 de febrero", señala el punto cuatro de las conclusiones del encuentro.