Manuel Morales Alvarez
El Presidente Luis Arce hace realidad el Decreto Supremo N° 3874, del 18 de abril de 2019, del Gobierno de Evo Morales, en el que dispone: “De manera excepcional se autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la Soya evento HB4 y Soya evento Intacta, destinados a la producción de Aditivos de Origen Vegetal – Biodiesel”, norma que no fue implementada ese año por la lucha democrática del pueblo boliviano que cívicamente salía a las calles a defender la democracia y contra los incendios en la Chiquitanía.
El gobierno de Evo Morales no pudo ejecutar este Decreto Supremo por los incendios de la Chiquitanía, ya que los mismos generaron una conciencia en la ciudadanía de oponerse al ecocidio en marcha, ampliar la frontera agropecuaria y destinar tierras para sembrar oleaginosas destinadas a los agrocombustibles. Pero –también- el gobierno de Evo Morales no pudo vulnerar el conjunto de leyes que protegen no solo la biodiversidad sino también los derechos de las personas a vivir en un entorno saludable. Debe quedar claro, que la norma boliviana y normas internacionales suscritas por el Estado boliviano establece que el Comité Nacional de Bioseguridad debe realizar una evaluación seria y científica, situación que no viabiliza la “aprobación abreviada”, es decir, hacer las cosas como sea.
Durante el gobierno de la señora Añez, también se intentó la aprobación “abreviada” de transgénicos, la misma que no pudo desarrollarse por las limitaciones señaladas y seguramente, por las acciones realizadas desde la sociedad civil, como la nota del 15 de marzo de 2020 enviada por el CONADE (https://www.facebook.com/paginasiete/photos/p7informa-el-conade-rechaza-la-evaluación-de-soya-transgénica-hb4-llevada-a-cabo/3281858998525150/?locale=ms_MY). En ese contexto no se aprobó eventos de soya HB4 o Intacta porque la aprobación abreviada NO ES LEGAL.
El 25 de septiembre de 2020 presentamos una Acción Popular en la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz contra el Decreto Supremo N° 4232 y el Decreto Supremo N° 4238 que pretendían la aprobación abreviada y cuya resolución adjunta el contenido de la Acción Popular a los procesos de inconstitucionalidad abstracta que se tramitan en el Tribunal Constitucional Plurinacional.
Mi punto de vista es que el Tribunal Constitucional Plurinacional, con la carga argumentativa de la Acción Popular, con los contenidos normativos vigentes, no podría dar legalidad constitucional al procedimiento abreviado de aprobación de eventos transgénicos en Bolivia; y por lo tanto, las acciones de la Resolución Ministerial que introduce la Soya Intacta a Bolivia deberían ser anuladas y sancionadas penalmente sus promotores.
La resolución del gobierno de Arce tiene el respaldo del Comité Nacional de Bioseguridad, del Ministerio de Desarrollo Productivo, del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, del Ministerio de Salud y Deportes, del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB).
Este sábado 19 de octubre de 2020, el Ministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer leyó una resolución de aprobación del evento Organismo Genéticamente Modificado- OGM Soya Intacta.Durante la “Cumbre Nacional de Tierras y Territorio” de los Interculturales se indicó que esta no fue una solicitud de los empresarios, “sino una demanda de la familia intercultural, por lo que el Gobierno nacional está apoyando a la gente más necesitada”. En otras palabras, el gobierno aprueba la soya Intacta transgénica para los interculturales, pero no para los empresarios, pese a que llevan varios meses trabajando el tema entre el gobierno y la CAO como lo acredita la prensa boliviana.
Vayamos a analizar que es la Soya Intacta. En primer lugar, el gobierno la limita únicamente para producir agrocombustibles (https://eldeber.com.bo/economia/el-gobierno-aclara-que-el-acceso-a-biotecnologia-se-limitara-a-la-produccion-de-biocombustibles_382168), biodiesel, es decir no es para producir alimentos para la población, utilizando las mejores tierras cultivables del país para favorecer a interculturales y empresarios, que pese a ser discriminados por el gobierno saludan la resolución ministerial (https://www.la-razon.com/economia/2024/10/20/empresarios-califican-como-un-avance-importante-la-autorizacion-de-uso-de-biotecnologia/).
La Soya Intacta RR2 Pro(tolerancia a glifosato y resistencia plagas lepidópteras)pertenece a Monsanto-Bayer, por lo tanto se importará las semillas y los bioinsumos del paquete a ser sembrado en Bolivia por los interculturales, que no tienen divisas y tendrán que pagar en dólares este esfuerzo. Deben pagarse patentes e importaciones que beneficiaran a empresas extranjeras.
Tampoco se ha realizado los ensayos de campo, por ello, la importación y siembra de este producto constituye un menoscabo a las capacidades productivas nacionales, a los mecanismos de control y generación de conocimiento.
Otro aspecto que el gobierno no realizará, es el control, seguimiento y evaluación del retiro o refugio de la tecnología Intacta, que establece una superficie del 20% de lo sembrado. ¿Quién va a supervisar el retiro o refugio de la Soya Intacta? ¿El gobierno?. Permitan que me ría. Esto va a ser un desastre ecológico de proporciones mayúsculas. Según el acuerdo gobierno interculturales, será “el Comité Nacional de Bioseguridad, en el marco de sus competencias, a realizar el control de toda cadena productiva de la Soya Intacta”. Este comité no tiene competencia alguna al respecto.
La falta de retiros o refugios no es chiste. Sin un control estricto del uso de la soya Intacta en toda su cadena con capacidades institucionales adecuadas y disciplina en los productores, el desastre productivo para la zona de implantación puede traducirse en un peligro biológico por irresponsabilidad productiva.
21 de octubre de 2024