Ante el anuncio del Ministro de Justicia y Transparencia Álvaro Coímbra de investigar a 592 exautoridades del Gobierno de Evo Morales desde 2006 hasta 2019, el diputado del MAS Edgar Montaño aconsejó al ministro interino ocuparse de los feminicidios en vez de la persecución política contra las exautoridades.

Dijo que la tarea del ministro Coímbra es luchar contra la corrupción en la justicia y “no está haciendo absolutamente nada”, pero dedica su tiempo a investigar a las esposas de los exministros, a los tíos, sobrinos y nietos de las autoridades.

“¡Dios mío! En qué norma está eso de investigar hasta la cuarta generación ¿Acaso el delito no es de orden personal?  ¿Con eso vamos a subir el Producto Interno Bruto? Ya lo dijo el Banco Mundial que vamos a bajar del 4.5 al 2 por ciento, ¡Qué barbaridad¡” exclamó.

Montaño señaló que el anuncio de Coímbra es una simple amenaza porque los diputados del MAS decidieron fiscalizar al gobierno de transición por las muertes de Senkata y Sacaba.

Explicó que a diferencia de la gestión de Evo Morales, el actual gobierno se dedica a destituir y encarcelar a jueces y fiscales cuyas decisiones no complacen a los intereses del gobierno.

Observa que algunos operadores de justicia se entregaron al gobierno de transición. “No sé si se han cambiado de bando o alguna cosa pero ahora los amenazan, los sacan definitivamente, les meten proceso, los mandan a la cárcel y no dicen nada”, declaró.

El Ministerio de Justicia pretende detectar posibles delitos de corrupción y recuperar activos que probablemente estén en el extranjero donde los propietarios viviendo en calidad de refugiados políticos.

La lista de exautoridades se mantiene en reserva pero dejaron entender que apunta al expresidente Evo Morales, al exvicepresidente Álvaro García Linera, a exministros, exviceministros y anteriores jefes de gabinetes.

Asimismo estarían bajo la lupa ejecutivos del Fondo de Desarrollo Indígena, la aerolínea Boliviana de Aviación, Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), Empresa Bolivia de Alimentos (EBA) y la empresa Mi Teleférico, entre otras que manejaron recursos públicos.