El Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitió este sábado un pronunciamiento oficial sobre la difusión de encuestas preelectorales en medios de comunicación y redes sociales, aclarando que estos estudios, orientados a medir la intención de voto de los actores políticos y precandidatos a las Elecciones Generales de este año, no cuentan con la regulación ni fiscalización del Órgano Electoral Plurinacional (OEP).

La entidad recordó que, según la Ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional, es competencia del OEP regular y fiscalizar la elaboración y difusión de estudios de opinión en materia electoral únicamente dentro de la ejecución de un proceso electoral. En este marco, la Ley 026 del Régimen Electoral establece tres tipos de estudios de opinión: encuestas preelectorales, boca de urna y conteo rápido, los cuales deben cumplir principios de calidad técnica, transparencia y responsabilidad social.

Asimismo, se especificó que las empresas de opinión pública, medios de comunicación, instituciones académicas y otras entidades que deseen realizar estos estudios con fines de difusión deben registrarse ante el TSE si el alcance es nacional, o ante los Tribunales Electorales Departamentales si el estudio es de carácter departamental, regional o municipal.

Dicho registro debe efectuarse hasta 30 días después de la convocatoria electoral y las entidades interesadas deben demostrar su capacidad técnica para la recolección y procesamiento de datos conforme a la normativa vigente.

Respecto al periodo de difusión, el TSE recordó que la publicación de estudios de opinión solo está permitida a partir del vencimiento del plazo de inscripción de candidaturas en procesos electorales, extendiéndose hasta el domingo previo a la jornada de votación. En el caso de referendos o revocatorias de mandato, la difusión se habilita desde el día siguiente a la publicación del calendario electoral.

Finalmente, se reiteró que toda publicación de encuestas o estudios de opinión en materia electoral debe cumplir con requisitos metodológicos claros, detallando el tamaño y tipo de muestra, método de recopilación, margen de error, nivel de confianza, preguntas aplicadas y el periodo de realización. De esta manera, se busca garantizar que la ciudadanía acceda a información confiable y transparente durante el proceso electoral.