El ampliado nacional del Pacto de Unidad, compuesta por organizaciones sindicales afines al MAS, aprobó este sábado organizar movilizaciones pacíficas a partir del 20 de enero en rechazo al pedido de prórroga de mandatos de asambleístas y de la presidente transitoria Jeanine Añez, que se encuentra en consideración del Tribunal Constitucional.

Reunidos en el estadio del centro de minero de Huanuni, los dirigentes de las organizaciones sociales y militantes de base, aseguraron que el mandato de Añez y los asambleístas termina el 22 de enero.

El ampliado resolvió organizar concentraciones pacíficas en cada departamento, mientras esperan el voto de  rechazo a la renuncia del presidente Evo Morales. La próxima sesión de la Asamblea fue convocada para el 17 de enero.  

El encuentro ratificó la unidad de la clase media obrera, indígenas, organizaciones sociales, transportistas que serán la encargada de conformar coordinadores de defensa de la democracia.

Determinó instruir a sus asambleítas aseguren la aprobación de la Ley de Garantías  que – según ellos – debe ser promulgada por el Poder Ejecutivo, caso contrario debe promulgar la presidente del Senado.

También declararon persona no grata al Fiscal General del Estado Juan Lanchipa por la “persecución de dirigentes y no garantizar justicia” y expresaron su repudio a la intención del gobierno de acallar a los medios de comunicación vinculadas a los pueblos originarios.

Asimismo rechazaron cualquier intervención de la OEA en el proceso electoral que se avecina, supuestamente por ir contra el pueblo. En las pasadas elecciones, la Misión de Observadores Electorales del organismo hemisférico denunció fraude electoral y luego una comisión de auditores corroboró las irregularidades que precipitaron la renuncia de Evo Morales.

El Pacto de Unidad está compuestos por dirigentes sindicales campesinos, interculturales, mineros. Al evento asistieron dirigentes de la Central Obrera Boliviana que también exigieron la interpelación en la Asamblea Legislativa de los ministros de Estado por “causar daños y muerte al pueblo boliviano”, por lo que conminaron a las autoridades cumplir la Constitución Política del Estado.