El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional denunció un “franco desacato” a la Constitución Política del Estado, además de otras normas, tras que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) haya procedido a la posesión de vocales de los tribunales departamentales a excepción de La Paz.

En medio de cuestionamientos y de una acción de cumplimiento que ordenó paralizar esta posesión por supuestas vulneraciones a derechos, demandado por el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, se cumplió el acto de juramento en la ciudad de Sucre.

En Potosí se designaron dos de los cuatro vocales y en Cochabamba aún no se ha procedido al nombramiento por razones de salud del magistrado Esteban Miranda.

El acto de juramento se realizó en “desconocimiento de la Sentencia Constitucional 01/2021-S4 de 26 de mayo de 2021 que concedió la tutela a dos vocales de Santa Cruz que por medio de un amparo constitucional solicitaron que se deje sin efecto la convocatoria Pública Departamental 36/2020 para la elección de vocales”, señala un comunicado del Ministerio de Justicia.

La mencionada resolución de cumplimiento inmediato y obligatorio, según lo establece, la Norma Suprema, dejo además sin efecto el reglamento para ulteriores convocatorias y fue notificado a las 15.55 antes de la cuestionada posesión.

Según el Ministerio de Justicia, “extrañamente”, funcionarios del TSJ impidieron la notificación y “obligaron a los servidores públicos del TCP a pegar los cedulones en la puerta de ingreso de ese estrado judicial como denuncian los mencionados dependientes del TCP”.

Con relación al departamento de La Paz, fue promovida una Acción de Cumplimiento que determinó la Medida Cautelar emitida por la Sala Constitucional I del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que manda “la suspensión provisional de posesión de los designados a Vocales del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz”.

“Estos antecedentes y las denuncias de irregularidades en la designación de vocales de tribunales departamentales eran razones éticas, legales y constitucionales para suspender esos nombramientos”, dice el documento.