SUMANDO VOCES

El juez de Colcha K denegó la tarde de este 5 de junio la acción popular presentada por los comunarios de Nor Lípez, quienes buscaban proteger sus derechos colectivos frente a los contratos para la industrialización del litio en el Salar de Uyuni. La acción cuestionaba la falta de consulta previa y los posibles impactos ambientales y sociales derivados de los acuerdos firmados con las empresas Uranium One Group (Rusia) y el consorcio Hong Kong CBC (China) con la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB).

La abogada de la Central Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (CUPCONL), Fátima Monasterios, dijo que el juez evitó entrar al análisis de fondo y argumentó que la acción popular no sería el mecanismo adecuado para tutelar los derechos denunciados, especialmente el derecho a la consulta previa.

En ese sentido, la jurista expresó su profunda preocupación por esta decisión judicial. Según explicó, la acción popular es el único mecanismo reconocido en Bolivia para que los pueblos indígenas puedan defender sus derechos colectivos, incluyendo el derecho a la consulta previa, libre e informada. “Es preocupante que el juez evite analizar el fondo del caso y desestime la acción popular bajo el argumento de que no es el mecanismo idóneo, cuando existe una amplia jurisprudencia que avala su uso para proteger a las comunidades indígenas”, señaló Monasterios.

Enfatizó que durante la audiencia, los comunarios demostraron la falta de estudios ambientales adecuados y la ausencia de procesos de consulta que garanticen su participación y consentimiento en los proyectos de explotación del litio.

Al respecto, el secretario general de la CUPCONL, Iván Calcina Copa, manifestó su decepción ante la resolución judicial, pero dijo que no van a claudicar en su objetivo de defender el derecho de los pueblos indígenas.

«Estoy un poco decepcionado por la resolución que ha emitido el juez, pero nosotros, como Central Provincial, estamos más animados para seguir luchando, y vamos a continuar trabajando por lo que nos ha encomendado mi provincia, hasta encontrar el respeto a mi comunidad y hacer prevalecer los derechos que fueron vulnerados. Esto nos da más fuerza para buscar en otras instancias la justicia correspondiente», sostuvo.

El juez, además, dejó sin efecto las medidas cautelares emitidas el 27 de mayo de 2025 que paralizaba el tratamiento de los contratos de litio en la Asamblea y prohibía a YLB realizar cualquier acción administrativa u obra relacionada a dichos contratos. En ese marco, según recalca Calcina, ahora se abre la posibilidad a que la Asamblea retome el tratamiento de los contratos con la empresa china Hong Kong CBC y Uranium One Group.

Frente a la negativa judicial, la defensa anunció que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional para que se revise la decisión y se garantice la tutela efectiva de los derechos fundamentales de las comunidades. “Estamos convencidos de que en esa instancia se podrá hacer justicia y proteger los derechos colectivos que están en riesgo”, afirmó la abogada Monasterios.

Además, destacó que, aunque el juez no entró al fondo de la acción popular, hizo una serie de consideraciones sobre el derecho a la consulta. Bajo el argumento de que los estándares internacionales no se aplican en Bolivia, el juez exhortó a la Asamblea Legislativa a aprobar de manera urgente una ley nacional de consulta que regule este derecho conforme a dichos estándares. Dijo que esta recomendación, que no fue solicitada por las comunidades, refleja la complejidad y la urgencia del debate sobre la participación indígena en proyectos extractivos estratégicos como el litio.

Las comunidades de Nor Lípez mantienen su rechazo a los contratos actuales y exigen que se respeten sus derechos y se garantice un desarrollo sostenible y justo.