Después de que Comunidad Ciudadana denunció que el Gobierno estaba retirando de Bolivia a la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, el Gobierno aclaró que no expulsó a este organismo, sino ha vencido un acuerdo y ahora se busca la forma de trabajo que se implementará.

Los opositores habían expresado su preocupación porque dicha repartición de la ONU es la única internacional que operaba en Bolivia de monitoreo de derechos humanos. Criticaron que el Gobierno no renueve el acuerdo, tomando en cuenta los recientes hechos de vulneraciones que se registraron en el país.

El ministro de Justicia, Iván Lima, explicó que el acuerdo de sede que se tenía para el Alto Comisionado ha fenecido el 31 de diciembre, pero recalcó la intención del Gobierno de seguir en el marco del sistema universal de derechos humanos y su relación con la oficina de la ONU en Ginebra.

“El acuerdo que teníamos era vigente al 31 de diciembre del año pasado y no se ha renovado Eso no significa ninguna expulsión sino una forma de trabajo que tenemos con ellos y que vamos a mantener”, dijo. 

Lima atribuyó esta situación a “temas administrativos”, los cuales espera que se solucionen.

Aseveró que Comunidad Ciudadana distorsionó una “información administrativa” y ratificó que el Gobierno mantendrá el diálogo con el sistema universal y el interamericano de derechos humanos.

Señaló que para el futuro se están viendo varias variables de trabajo con el Alto Comisionado, que puede efectivizarse desde su oficina de Chile, desde Ginebra o una oficina en Bolivia.