El Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a través de la Sala Penal Primera, ratificó que la empresa británica AIR BP Bolivia fue nacionalizada por el Estado y convertida en YPFB-Aviación. El fallo deja el camino expedito para el desafuero del dirigente sindical Marcos Melgarejo Fernández, imputado penalmente por delitos de beneficio en razón del cargo y uso indebido de bienes públicos.

El Auto de Vista del 24 de junio de 2019, al que acceso Erbol, está  firmado por los vocales David Valda y Hugo Juan Iquise y revoca la decisión del Juez 3ro de Instrucción en lo Penal, Carlos Marín, quien el 27 de agosto de 2018 declaró probado un incidente de nulidad presentado por Melgarejo quien presentó un certificado de Fundempresa para asegura que no es funconario público porque AIR BP figura como sociedad anónima.

De esa manera el juez anuló su propia resolución de mandar al dirigente sindical a detención domiciliaria con permiso de salida laboral. Desde entonces Melgarejo dejó de cumplir las medidas sustitutivas y es más, junto al ejecutivo de la Federación de Petroleros, José Domingo Vásquez y Rolando Borda se hicieron elegido dirigentes nacionales.  

Melgarejo utilizó la resolución a su favor para interponer otro incidente de nulidad ante el Juzgdo 5to de Seguridad Social de Santa Cruz, donde se tratamitaba el desafuero sindical solicitado por la AIR BP para proceder al despido y que enfrente el juicio penal, por haber sacado el 29 de enero de 2018, una movilidad del Estado para supuestamente cumplir una comisión sindical, pero que le sirvió para transportarse a un motel en la ciudad de Santa Cruz.

La actuación del juez fue apelada por la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, AIR BP y el Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, por considerarla un acto lesivo al Estado al otorgar valor probatorio a “un aspecto formal” como es el certificado de Fundempresa – que según las entidades - no puede estar por encima de un Decreto Supremo que dispone la nacionalización y la transferencia de las acciones de la empresa británica.

El argumento de la Fiscalía y del Viceministerio, coincide en afirmar que si bien los ejecutivos y trabajadores de YPFB no son funcionarios según lo establece el Estatuto del Funcionario Público y la Ley 1178, el amparo del Art. 61, II de la Ley 466, prevé que estos servidores pueden incurrir en delitos de corrupción insertos en la Ley 004 de Lucha Contra la Corrupción.

El Tribunal Departamental de Santa Cruz concluye que la conducta de Melgarejo se adecúa a los tipos penales de la imputación formal y que el juez inferior hizo una incorrecta interpretación sobre la trascendencia legal del certificado de Fundempresa.

Desde el 24 de junio pasado, ni  la estatal petrolera ni la Fiscalía de Santa Cruz informaron si solicitaron al juez Marín el cumplimiento de la detención domiciliaria, ni la AIR BP reportó el estado del proceso de desafuero de Marcos Melgarejo, quien el año pasado fue elegido nuevamente como dirigente sindical.

La resolución también podría arrastrar al actual candidato a primer senador por el MAS en Santa Cruz, Rolando Borda, quien fue denunciado por el diputado Tomás Monasterio por utilizar movilidades de YPFB Trasporte para actos políticos.

Monasterios denunció en noviembre de 2018 que recibió una notificación de la Fiscalia cruceña donde le informaron que su denuncia fue rechazada porque Borda porque YPFB Transporte - donde trabaja el candidato a senador - se encuentra registrado en Fundempresa como una sociedad anónima y no como estatal.