Tras firmar una enmienda al contrato original con el Banco Mundial y sin la autorización aún de la Asamblea Legislativa, el gobierno nacional derivó 170 millones de dólares a la emergencia sanitaria del coronavirus. Esos recursos salieron del crédito global de 300 millones de dólares inicialmente comprometidos para la construcción de diez hospitales del Proyecto de Redes de Servicios de Salud.

El vicepresidente del Senado Omar Aguilar observó que el gobierno utiliza un procedimiento equivocado para disponer de esos recursos, porque si acordó con el Banco Mundial la modificación del objetivo principal del financiamiento, la enmienda debió ser enviada a consideración y aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

“No hemos recibido ninguna adenda ni con el BID ni con el Banco Mundial. Si eso no ocurre, el uso de los recursos es totalmente ilegal. En algún momento el Estado o la Asamblea puede pedir que este repago no se lo realice, por tanto, ahí correspondería una acción de repetición por no haber cumplido la Constitución Política del Estado y quienes han hecho mal uso de estos recursos tendrían que devolver de su bolsillo”, declaró entrevistado por Erbol.

Anteriormente ya utilizaron 20 millones del mismo crédito y recientemente ampliaron a 150 millones más. El proyecto original fue aprobado para que la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), impulse la construcción de diez hospitales que estaban en fase de implementación hasta marzo de este año.

El objetivo era beneficiar este año a 3.8 millones de personas con un hospital de tercer nivel en la zona sur de La Paz y nueve de segundo nivel en las poblaciones de Caranavi, Quillacollo, Puerto Villarroel, La Guardia, San Julián, San Ignacio de Velazco, Warnes; San Ramón en Beni y Uncía.

El contrato de préstamo preveía no solo el equipamiento sino también capacitaciones a médicos -especialistas, subespecialistas e internistas-, enfermeras, personal gerencial y administrativo, entre otros destinados a mejorar la atención de salud.

Ahora destinarán al equipamiento de diagnóstico y reactivos; equipamiento e insumos para terapia intermedia e intensiva, incluyendo ventiladores mecánicos pulmonares y monitores de signos vitales; equipos y medicamentos necesarios para el tratamiento de los enfermos; materiales de aislamiento, desinfección y protección para el personal de los servicios de salud, y adecuación de infraestructura hospitalaria. Este paquete de compras fue priorizado por el Ministerio de Salud, según informó el Banco Mundial.

Para el senador Aguilar del MAS, la situación es complicada porque el parágrafo II del artículo 322 de la Constitución Política del Estado que señala que “la deuda pública no incluirá obligaciones que no hayan sido autorizadas y garantizadas expresamente por la Asamblea Legislativa Plurinacional”. El cambio no fue aprobado por la Asamblea y de continuar así, podría complicarse la situación legal de las autoridades del Ejecutivo.

Anteriormente el asambleísta observó que el gobierno utilizó un crédito del BID en la compra de respiradores que “fue contagiado y manchado por corrupción”.    “Yo entiendo. En una acción de emergencia yo puedo aceptar que la plata salga de donde sea; es más me haría el ciego si quieren; pero cuando ese préstamo fue para la corrupción los asambleístas no podemos ser cómplices, tenemos que fiscalizar”, manifestó.

En el caso del Banco Mundial, el contrato señala que las compras y las contrataciones identificadas por el gobierno boliviano, serán realizadas por el Ministerio de Salud y la AISEM y en ningún  caso el dinero será utilizado en “forma directa por el Banco Mundial”.

“Todos los procesos de adquisiciones con recursos financieros del Banco Mundial son aprobados mediante su Sistema de Seguimiento en Adquisiciones (STEP) y publicados en los Planes de Adquisiciones respectivos en el portal del Banco. Ningún otro organismo o agencia de cooperación internacional audita estos procesos de adquisiciones”, afirmó el organismo financiador.

Tras el escándalo de los respiradores españoles, el gobierno dispuso que todas las compras por emergencia sean públicas; sin embargo desde el pasado 19 de mayo, Palacio de Gobierno no ha informado ninguna compra estatal.