Este 2023 se cumplen 10 años de la Ley de Control Social, sin embargo, en diferentes municipios del país se ha constatado que estas entidades ciudadanas atraviesan diferentes problemas en el intento de cumplir sus objetivos, desde las divisiones, intereses alineados con políticos o obstaculización al acceso a la información.

Como ejemplo de los casos de división, en un hecho ocurrido en Santa Cruz de la Sierra, el Distrito 6 eligió como su representante de Control Social a Chela Martínez, sin embargo, la misma denunció que se le negó la acreditación, porque de manera sorpresiva el municipio había reconocido a otra persona.

“Nos hemos llevado esa sorpresa,de que la acreditada es otra persona que el municipio la acreditado, pero, ¿dónde queda entonces el voto de los presidentes? Yo no recibo un peso, yo sí estoy ayudando y todo lo hago de forma solidaria”, señaló Martínez a radio Alternativa.

En otro caso de división, en el Norte de Potosí, el Control Social liderado por Reynaldo Aguilar se declara legal, pero existe un paralelo encabezado por Alejandra Luna, quien denuncia supuestos hechos de corrupción en la Alcaldía.

El Control Social de Luna en Chayanta asegura que tiene el respaldo de un Cabildo y denuncia obras y proyectos presuntamente irregularidades, como sobreprecio, maquinaria adquirida con paradero desconocido, entre otras, según reporte de radio Pío XII.

Falta de respuesta

Otro problema que enfrentan los controles sociales es la falta de respuesta de autoridades a sus requerimientos de información. 

El presidente del Control Social a nivel nacional y expresidente de este mecanismo en La Paz, Hiram Alacama, señaló que las autoridades hacen caso omiso a sus peticiones. En su caso, señaló que la Alcaldía paceña daba informes ambiguos.

En Camiri, del departamento de Santa Cruz, además de que se ha reportado conflicto entre las organizaciones que conforman el control social, el dirigente Víctor Roldán acotó que el alcalde no responde a solicitudes de informes, a pesar de las notas reiterativas y conminaciones, reportó radio Parapetí.

En el municipio de Independencia, el dirigente del Control Social, Jaime Peña, indicó que el principal problema que tiene es el acceso a la información. Dijo que el Alcalde “nunca” responde a sus solicitudes, según reporte de radio Domingo Sabio.

Peña señaló que no hay coordinación con de las autoridades con el Control Social, porque “nadie quiere hacerse controlar”.

En Tarija, Rosario Michel, de la plataforma de mujeres, recordó que se tenía trabajada una ley de control social en el Cercado, pero no se ha aprobado por argumentos que no conoce, reportó la periodista Elizabeth Rendiz.

Christian Ventura, vicepresidente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales de Tarija, dijo que el sistema está diseñado para que no se pueda fiscalizar, pero la población no puede depender de una legislación, sino que tiene todo el derecho a poder organizarse y poder ejercer el control social en cualquier institución pública.

Alineación política

Otro obstáculo en el control social efectivo por parte de la ciudadanía es la alienación política que pueden tener representantes ciudadanos, respecto a las autoridades que deberían supervisar.

El dirigente del Control Social de Oruro, Mario López, advirtió que existe casos de prebendas, como el que los representantes tengan algún familiar trabajando en la entidad pública que deberían controlar.

El exfejuve de El Alto, Rubén Paz, consideró que los controles sociales se han convertido en un funcionario más. Consideró que han perdido su rol de transparentar los actos de gestión y sólo acatan lo que dicen las alcaldías.

En el área rural también se replica esta situación. Una fuente consultada por radio Don Bosco, afirmó que el control social se hace comprar con “alguna cosita”.

El presidente de los controles sociales, Hiram Alacama, también advirtió la politización en estos ámbitos, con hechos como tener oficinas en las propias oficinas de alcaldías o gobernaciones que deberían supervisar.

En el caso del municipio de San Pedro de Santa Cruz, el presidente del Control Social, Óscar García, destacó que son los primeros en tener su sede en instalaciones del municipio, pero señaló que también realizan su trabajo de acuerdo a la norma, reportó radio Audio Bosco.

Pagos

Los controles sociales no gozan de un suelo, sino reciben un “estipendio” para los gastos propios de sus actividades.

El dirigente de Cochabamba, JhonnyGumucio, explicó que esos recursos provienes de la coparticipación tributaria y que sirven para las devoluciones de los gastos que se generan en territorio de la representación, reportó Radio Kancha Parlaspa. Dijo que se cubren gastos como compra de material de escritorio y fotocopias.

El dirigente de Sucre, Julio Llanqui, explicó al periodista Iván Ramos que se trata de una “reposición”, para reponer los gastos por alimentación, transporte o telecomunicaciones.

Christian Ventura de Tarija rechazó que haya una remuneración, porque con eso los controles sociales tendrían que alinearse a una jefatura que les paga.

Desde el Control Social de Oruro, Mario López, dijo a Radio Pío XII que muchos abandonan esta entidad, porque piensan que se beneficiarán económicamente, pero en realidad tienen que “caminar” con sus propios recursos.