Un masivo Cabildo realizado este viernes en Santa Cruz decidió apostar al sufragio del 20 de octubre para buscar la salida del actual Presidente y Vicepresidente del poder, pero con la premisa de cuidar celosamente el voto y rebelarse en caso de un eventual fraude.

La decisión fue anunciada por el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien fue el último en una larga lista de oradores que participaron del Cabildo. El líder cívico aseveró que estuvieron en alrededores del Cristo Redentor más de un millón de personas.

“Hemos resuelto ir a las urnas y hacer respetar nuestro voto del 21F que nos arrebataron, ir a las unas con la consigna del voto castigo a Evo Morales. En la papeleta hay hombres y mujeres que están habilitados legalmente en estas elecciones, escojamos entre los habilitados y castiguemos a nuestro dictador”, dijo Camacho.

“Vayamos este 20 de octubre, votemos, pero controlemos nuestro voto, quedémonos en la mesa, garanticemos la democracia, velemos celosamente por ese voto que es el que nos va a llevar a la libertad, pero sobre todo garanticemos la salida de este binomio inconstitucional e ilegal, abusador y atropellador”, agregó.

Camacho manifestó que ya se cansaron de pedir la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Señaló que incluso le habían dicho que se necesitaba del aval del TSE para hacer el Cabildo, sin embargo, lo rechazó porque considera a esa entidad como un “verdugo”.

El presidente cívico señaló que los cruceños optarán por la “rebeldía y desobediencia ante un posible fraude”, porque lo consideran un derecho, que no es sedición, sino una expresión de soberanía y valentía.
Manifestó que los cruceños no pueden fallar en preservar la democracia y que ahora es el momento de hacer cumplir la Constitución Política del Estado.

“Les aseguro que este 20 de octubre Bolivia tiene nuevo Presidente porque de aquí se prende la llama”, finalizó.

Chiquitanía y ultimátum contra asentamientos ilegales

El Cabildo también asumió medidas para defender la Chiquitanía, que ha sufrido un desastre por los incendios forestales.

En primer lugar, se ratificó la Declaratoria de Desastre Ciudadano, dado que el Gobierno no declara Desastre Nacional. Con esa decisión los mismos cívicos gestionarán ayuda internacional.

Asimismo, se dio un plazo de cinco días para abrogar la ley 741 y el Decreto 3973, que autorizan el desmonte y las quemas para tierras productivas.

Sin embargo, según Camacho, para cortar de raíz el problema, se optó por buscar el desalojo de asentamientos en tierras fiscales y áreas protegidas, que tienen aval del INRA:

“Damos un plazo al INRA hasta el lunes 7 de octubre a las 12 del día, para que haga desalojo de los asentamientos ilegales, caso contrario se procederá, a las 12 y un minuto, de verificar la ilegalidad y hacer cumplir el mandato del Cabildo”, manifestó el líder cívico.

Federalismo

Por último, el Cabildo aprobó que esta ocasión sea el comienzo en el camino de su “sueño federalista”, según afirmó Camacho.