Lo que en principio era solo delitos de terrorismo y alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, ahora se amplió a nuevos tipos penales contra militares y civiles involucrados en el movimiento irregular del 26 de junio sobre la plaza Murillo, según ha informado la Procuraduría General del Estado a través de un comunicado público.  

Ahora el proceso radicado en el Juzgado Penal Anticorrupción Quinto del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz, investigará los supuestos delitos de atentados contra la seguridad del presidente y otros dignatarios de estado, destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional.

De acuerdo al comunicado, también se amplió a los delitos de uso indebido de bienes y servicios públicos, tipificados en los artículos 121, 128, 133 y 223 del Código Penal y artículo 26 de la Ley N° 004.

Informan que hasta el momento transcurrieron diez días desde la apertura de la etapa preliminar de investigación, el Ministerio Público ha emitido 6 imputaciones formales, las cuales a su vez motivaron la imposición de medidas cautelares de carácter personal en contra de 24 personas.

Citan entre los investigados a Juan José Zúñiga, Miguel Iriarte, Raúl Barbery, Alan Quenta, Alejandro Irahola, Juan Arnez, Juan Paulsen, Aníbal Aguilar, Julio Buitrago, Miguel Iriarte, Luis Balanza, Valdir Mamani, Leonel Sanjinez, Marco Caviedes, Roberto Arandoña, Raúl Barbery, Marcelo Gutiérrez, Franz Ordoñez, Juan Carlos Delgadillo, Roman Caway, Miguel Angel Burgos, Demetrio Mamani, Marcel Zegarra, Vladimir Lupa, Vladimir Céspedes y Jaime Cruz Vera.

La procuraduría ha llamado a esta ampliación como “caso golpe de Estado III” y reitera su compromiso en la defensa del gobierno legalmente constituido y advierte que este es un mensaje contra la impunidad para que se repita la “comisión de gravísimos delitos” que atentan contra el orden interno del país.