La coordinadora de Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Giovanna Mallea, manifestó que existe preocupación en esa entidad estatal por las denuncias que apuntan a una ocupación de tierras de parte de ciudadanos extranjeros, mediante el alquiler o compra de predios.

“A nosotros nos preocupa indudablemente que haya una ocupación cada vez más masiva, pongámosle asó el nombre, de subidos extranjeros que alquilan la tierra, según las denuncias o lo que se especula, de propietarios empresarios medianos, TCO’s (tierras comunitaria de origen), etcétera; y por otro lado se ha incrementado la compra y venta también que se hace”, indicó Mallea en entrevista con ERBOL. 

Recordó que para el INRA no está permitido el consolidar tierras a favor de extranjeros y que el Instituto no tiene la potestad de controlar la compra y venta de tieras. 

“Nos preocupa una situación creciente donde las denuncias sobre todo de nuestras organizaciones sociales, también de autoridades locales apuntan a una mayor ocupación de súbditos extranjeros”, recalcó.

En ese marco, mencionó que se ha identificado casos irregulares donde se han consolidado derechos a comunidades de origen extranjero, sobre todo en el periodo del gobierno transitorio, al cual denominó  de “golpe”.

“Tenemos identificados un par de casos de comunidades de origen menonita que han accedido a tierra, digamos que han configurado comunidades, eso no es algo compatible con nuestra legislación”, detalló la funcionaria, quien anticipó que se interpondrá un recurso al respecto.

Manifestó que es un tema pendiente contar en Bolivia con una regulación legislativa, respecto al mercado de tierras en áreas rurales y controlar temas de especulación.

Distribución de la tierra

La Coordinador del INRA explicó que actualmente se tiene un 87% de avance en el proceso de saneamiento y que, del total de tierras, 30% son fiscales, 27% corresponden a TCO’s, 15% están en el sector empresarial y 28% son de campesinos e interculturales.

Destacó la diferencia con la distribución que había en 1992, cuando el 68% de la tierra estaba en propiedad de empresarios y 30% eran pequeñas propiedades.

Para la distribución de tierras fiscales, explicó que existen disponibles 5,5 millones de hectáreas, pero ya se ha intervenido con dotación unas 3,8 millones, quedando disponibles un millón y medio de hectáreas.

Mallea explicó que en este tema de dotación se está dando continuidad a solicitudes que había hace más de cinco años.

Consideró que las acciones que últimamente realiza la gobernación de Santa Cruz, que convocó a la Comisión Agraria Departamental, pretenden desvirtuar la labor del INRA. Reafirmó que el nivel central del Estado tiene la competencia privativa del nivel central del Estado.