Fuente: EUROPA PRESS

Las seis personas detenidas en Ecuador por su presunta participación en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio forman parte de un grupo organizado y tienen nacionalidad colombiana, según los últimos datos facilitados por el Gobierno, que ha prometido seguir trabajando para depurar tanto la responsabilidad material como intelectual de un crimen que ha enlutado al país sudamericano a poco más de una semana de las elecciones.

Dos de los detenidos habían sido vistos en el lugar del ataque, ocurrido el miércoles tras un mitin electoral en Quito y ante alrededor de un centenar de personas. El tiroteo se saldó además con nueve heridos, entre los que hay tres miembros del equipo de seguridad responsable de custodiar a Villavicencio, si bien el comandante general de la Policía, Fausto Salinas, ha aclarado que sus vidas no corren peligro.

Sí ha fallecido uno de los sospechosos, tras ser alcanzado en un intercambio de disparos con las fuerzas de seguridad en una persecución. Este hombre ya había sido detenido el pasado mes de junio, acusado de tenencia de armas, informa el diario ecuatoriano 'El Universal'.

El ministro del Interior, Juan Zapata, ha confirmado además el registro de varias viviendas y la incautación de armas, munición y droga. A su juicio, este crimen, que ha tachado de "terrorista", es "un intento de sabotaje a las próximas elecciones", que siguen en pie a la espera de que el partido de Villavicencio, Movimiento Construye, determine si cubre su hueco.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha decretado el estado de excepción en todo el país durante 60 días, lo que amplía los poderes de las principales fuerzas de seguridad, incluido el Ejército. El ministro de Defensa, Luis Lara, ha comparecido también ante los medios para subrayar que "las Fuerzas Armadas brindarán la seguridad para la realización de los comicios" y prometer "mano dura".

"El voto es la respuesta a las mafias", ha señalado Lara, acompañado de los principales mandos militares. El ministro considera que estas mafias "le han declarado a la guerra a Ecuador", por lo que ha llamado a perseguir no sólo a sus miembros sino también "a los que las financian y a los que las protegen".