Fuente: EUROPA PRESS

El Ministerio de Justicia de Colombia ha pedido este viernes al Tribunal Constitucional que anule la sentencia dictada a finales de febrero mediante la cual se despenalizaba el aborto hasta las 24 semanas de gestación.

El Gobierno de Colombia ha apuntado una serie de irregularidades en el trámite aprobado hace más de cuatro meses y ha argüido que el "fundamento de todos los derechos es el del derecho a la vida y un tribunal judicial no puede ser quien determine desde cuando una vida merece protección".

En la misma línea, el Ejecutivo considera que la legislación relativa al aborto es competencia del Congreso y no del Tribunal Constitucional, una posición defendida también por los movimientos en contra de la interrupción del embarazo, llamados 'pro-vida', según recoge Caracol Radio.

Asimismo, el Gobierno colombiano, que da sus últimos coletazos antes de que el presidente electo, Gustavo Petro, jure el cargo, también ha sembrado la duda sobre la legitimidad de la votación en el Constitucional, pues ha señalado que en la Sala Plena del Tribunal hubo irregularidades.

"El Conjuez que se sorteó para desempatar la votación realizada el 20 de enero de 2022 (...) ni siquiera se pronunció sobre dicha ponencia, sino sobre la alternativa de resolutivo que propuso la declaratoria de exequibilidad condicionada la cual no se había discutido y mucho menos se había votado", ha señalado el Ejecutivo.

En un panorama incierto, es posible que Colombia de marcha atrás respecto a la despenalización del aborto, si esto ocurriera, la situación volvería a la vigente hasta febrero, cuando la interrupción voluntaria del embarazo estaba permitida únicamente bajo tres condiciones.

Estas cláusulas ya se fijaron en 2006, y avalan el aborto cuando exista riesgo para la salud, cuando el feto presente una grave malformación, o cuando el embarazo sea resultado de violación.

El Tribunal Constitucional de Colombia aprobó el 21 de febrero la despenalización del aborto hasta las 24 semanas, en una histórica y ajustada votación –cinco magistrados dieron su voto a favor, mientras que otros cuatro se posicionaron en contra–.