AGENCIA DE NOTICIAS AMBIENTALES

A sólo días de las pre-sesiones del cuarto periodo del Examen Periódico Universal (EPU) de Bolivia ante las Naciones Unidas, representantes de la sociedad civil coincidieron que sus informes darán cuenta del incumplimiento del Estado a las recomendaciones en materia de Derechos Humanos, Derechos de Pueblos Indígenas, ambientales y Estado de Derecho en el país.

Durante el conversatorio “Cuenta Regresiva: ¿Por qué es importante el Examen Periódico Universal para Bolivia?” organizado por el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) y la Coordinadora Nacional para la Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), con el apoyo de la Alianza por los Derechos Humanos y el Medioambiente (ADHMA), se dio a conocer la relevancia de los informes alternativos de la sociedad civil.

Ruth Alípaz Cuqui, lideresa indígena del pueblo Uchupiamona, representante de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los ríos Beni, Tuichi y Quiquibey y coordinadora de la Contiocap; Franco Albarracín, experto en Derechos Humanos del CEDIB, además de Claudia Terán, coordinadora del Programa de Defensoras y Defensores de Derechos de la Red Unitas, estuvieron invitados como expositores.

«No hay cumplimiento a las recomendaciones»

“Desde el 2019 hemos elaborado informes y hemos presentado en las tres sesiones. El Estado boliviano ha recibido recomendaciones que a este punto tiene un balance negativo; no ha cumplido ninguna en materia medioambiental y de Derechos de Pueblos Indígenas, como la consulta previa, libre e informada”, afirmó Alípaz vía virtual.

La destacada lideresa señaló que al contrario de las recomendaciones dadas por otros Estados y el Consejo de Derechos Humanos, en los últimos años se han intensificado las actividades extractivas. “A medida que avanza el extractivismo, la vulneración de derechos también se intensifica”, advirtió.

Desde esa perspectiva aseguró que el balance es negativo ya que la contaminación por mercurio en pueblos indígenas se ha agravado con un impacto diferenciado en las mujeres indígenas, se incrementaron y agravaron los incendios forestales y la situación de defensores de DDHH y medioambientales es más preocupante.

“Estamos llevando estos informes para hacer conocer que continúan las violaciones a pueblos indígenas con pérdida de territorios, y todo lo que hemos podido poner en coordinación con organizaciones de la sociedad civil como el CEDIB, son los resultados de estudios de investigación de contaminación por mercurio y otros”, explicó.

Alípaz explicó que los informes a los que se han adherido y elaborado como Contiocap forma parte de la coalición ADHMA, en el que participan 60 organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional, entre periodistas que también tienen el rol de denunciar y son amenazados de manera sistemática por el Estado o el Gobierno cuando lanzan la voz.

“Es una gran oportunidad para que estos Estados conozcan cómo está Bolivia y cómo el país está yendo en contra-ruta a los convenios y acuerdos que el propio Gobierno ha firmado para reducir los efectos del cambio climático por ejemplo o el Acuerdo de Escazú, es una gran oportunidad en la que vamos a exponer estos ejes temáticos el próximo miércoles”, destacó.

“Hay vive una crisis de Estado de Derecho y de democracia”

A su turno, el experto en Derechos Humanos y Derecho Internacional, Franco Albarracín afirmó que en el caso de Bolivia en lugar de haberse dado avances en materia de institucionalidad, existe una crisis de la justicia y una crisis del Estado de Derecho vinculada a la crisis de democracia en el país.

“Esto no es una afirmación arbitraria; implica una acumulación de recomendaciones, sentencias, estudios y puntos críticos de distintos organismos internacionales (…). El Sistema Universal de Naciones Unidas ha establecido que la independencia judicial se ve bastante afectada, también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y la secretaría de la CIDH, pero también a través de sentencias de la CIDH queda bastante establecido que el Estado boliviano vive una situación de crisis de Estado de derecho y de democracia”, aseguró.

En ese marco dijo que en los últimos periodos de sesiones ante el EPU se ha advertido sobre la crisis de institucionalidad y cómo este progresivo deterioro termina teniendo afectación a otros derechos, como es el caso de los Derechos de los Pueblos Indígenas, de defensores de sus territorios, de Derechos Humanos y del medioambiente.

El especialista advirtió que la falta de Estado de Derecho motiva a que muchos derechos y normativas nacionales como internacionales no se cumplan, en desmedro de las poblaciones históricamente vulnerables, y vayan a favor de intereses políticos y económicos de grandes empresas y cooperativas mineras.

“Bolivia tiene una Constitución muy avanzada y progresista, ha firmado el Convenio de Minamata, el Acuerdo de Escazú y otros tratados internacionales, pero la falta de institucionalidad y debilidad democrática tienen un impacto serio en el medioambiente, en los Derechos Humanos”, señaló.

Dijo que actualmente se vive una especie de un mundo al revés, donde los defensores del medioambiente, de DDHH que están protegiendo su territorio son criminalizados, son los enjuiciados, y aquellos que están destruyendo el territorio y el medioambiente son los que están siendo beneficiados por jueces, fiscales y el propio Gobierno.

“Son quienes están ocupando cargos políticos, que tienen influencia en el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua”, acotó.

«Se necesita un mecanismo integral de protección a defensores»

Claudia Terán, especialista en Derechos Humanos, Democracias y Desarrollo señaló que ante la creciente cantidad de casos de vulneración de Derechos Humanos, la propuesta desde la sociedad civil y Unitas es que el Estado debería implementar un mecanismo integral de protección para defensoras y defensores efectivo.

“En el caso de Bolivia debería crear una instancia efectiva desde el Estado con participación de la sociedad civil que prevea la vulneración de derechos de defensoras y defensores y por el otro lado, se investigue, sancione, establezca mecanismos efectivos desde el Ministerio Público y la Policía para evitar la criminalización de las defensoras y defensores”, señaló.

La especialista citó que el 50% de los aproximadamente 700 registros de vulneración de DDHH ocurridos el 2023, ha sido vinculado a institucionalidad democrática, lo que muestra la crisis no solo en el tema de justicia, sino también en el funcionamiento en general del Estado de Derecho.

En cuanto a la criminalización con los datos señalo que el Observatorio de Defensores de Derechos de la Red Unitas envió su informe sobre la situación de los derechos fundamentales en el país y entre ellos la situación del derecho a defender derechos.

“Uno de los criterios que seguimos para monitorear este derecho es, por un lado el incumplimiento del deber a la protección del Estado a defensoras y defensores y una categoría que es la criminalización a defensoras y defensores”, explicó.

Respecto al derecho a defender derechos, dijo que el 2023 se tienen registrados 51 casos, lo que representa un incremento muy importante en relación al 2021, cuando se tuvo 18 registros. El 2022 fueron 50 registros, aunque consideró que es un subregistro porque en el trabajo que se realiza con defensoras y defensores en territorios se considera que el número puede ser mucho mayor.

“La situación de defensoras y defensores es de alta vulnerabilidad y las vulneraciones que ocurren están normalizadas, no se denuncian, están muy vinculadas a las causas que defienden, entonces no se visibiliza realmente la situación de estas personas y lo mismo ocurre con la criminalización de las defensoras y defensores”, advirtió.

En esa línea dijo que la criminalización es el segundo número de registros (35%) seguido por el nivel de protección que tiene el Estado respecto al nivel de incumplimiento de protección a defensoras y defensores, que llega al 47% de los casos.

“Están principalmente vinculadas a su relación a la protesta y en ese ámbito es que son detenidos o se hacen uso de tipos penales abstractos, difusos como el robo de minerales, terrorismo para criminalizar sus actividades que son la defensa de sus territorios y sus comunidades”, dijo.